La concejal delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María del Mar Sánchez Estrella (PP), ha anunciado este martes que el Instituto Municipal de Deportes (IMD) ha adjudicado a diferentes entidades y clubs deportivos 15 de las 17 instalaciones básicas resueltas que estaban hasta ahora dirigidas a través de la figura de las juntas rectoras, el 90 por ciento, y espera culminar el proceso con las 40 instalaciones previstas antes del día 30 de junio.

En rueda de prensa, junto a la gerente del IMD, María José Pedraza, Sánchez Estrella ha detallado que de estas 15 entidades 13 eran clubs que ya estaban dentro de las juntas rectoras mientras que las otras dos eran usuarias de las instalaciones, "lo que demuestra que se ha trabajado de la mano con las entidades deportivas". Así, las instalaciones de La Oliva y de Bami han sido las únicas que no han ido a parar a entidades deportivas, sino a una empresa sevillana, en el primer caso, y a una persona física, en el segundo.

En este marco, ha lamentado que esta modificación en el modo de funcionamiento de las instalaciones no se hubiera hecho "cuando se debía, en 2007", lo que atribuye a una "falta de responsabilidad" del anterior gobierno local. Ante esta situación, antepone la "seriedad, el rigor, la transparencia y el respeto a la ley" con el que asegura que el actual gobierno local ha afrontado este cambio de modelo, en una "apuesta valiente y decidida por regular las instalaciones".

La edil popular deja claro que se sabía que las instalaciones eran "sostenibles", por lo que se han llevado a cabo estas acciones por fases y en base a los informes de viabilidad realizados por técnicos del IMD. Así, se han realizado dos modelos diferenciados por la necesidad de inversión en las instalaciones, donde las que no necesiten la citada inversión serán concesiones administrativas de un año de duración, con otro año prorrogable, y un canon mínimo exigido, cuya media está en 2.000 euros al año.

De este modo, once de las 40 instalaciones —ocho en esta primera tanda— se acogen al modo de gestión en el que se realizarán inversiones obligatorias, con un 50 por ciento del coste asumido por el IMD y que supondrá una gestión por tres años y prorrogable a otros dos. Estas inversiones supondrán un total de 800.000 euros para las once instalaciones y se destinan a "actuaciones que tenían que haber quedado resueltas desde 2008, especialmente en los campos de césped", según la gerente del IMD, que apunta a instalaciones técnicas, reparaciones o acometidas eléctricas.

Sánchez Estrella explica que el plan de gestión deportiva es lo que ha tenido "más peso" en la licitación, mencionando los horarios de entrenamiento y las ventajas para los menores y las personas en situación de exclusión social. "Se han desmontado todas las mentiras sobre la privatización de las instalaciones y que decían que se las daríamos a multinacionales", sentencia.

Por otra parte, desde el Ayuntamiento se ha hecho referencia a las carreras populares, que rondan ya los 6.000 participantes y para las que quedan apenas un centenar de dorsales, destacando que se han duplicado los niños participantes desde ediciones anteriores.

Cambios en las juntas rectoras

En este contexto, cabe recordar que el IMD ha ido licitando estas instalaciones vía procedimiento negociado sin publicidad, algo que se enmarca en la operación promovida por el IMD para entregar, mediante concesiones administrativas, la gestión y explotación de hasta 40 instalaciones deportivas básicas municipales hasta ahora dirigidas a través de la figura de las juntas rectoras.

Hasta comienzos del presente mandato, más de 40 instalaciones deportivas básicas pertenecientes al IMD estaban gestionadas a través de la figura de las juntas rectoras, unos órganos colegiados sin ánimo de lucro que integraban a los clubes o entidades deportivas del ámbito de influencia de tales instalaciones municipales. En 2007, en el procedimiento de renovación de estas juntas rectoras, la gestión de 41 instalaciones deportivas básicas municipales fue entregada a juntas rectoras constituidas provisionalmente, al no contar las mismas con el mínimo de tres entidades o clubes que recogen los estatutos que regulan su funcionamiento.

Sobre esta situación media un informe emitido en octubre de 2007 por la Secretaría General del Ayuntamiento. Dicho informe, recogido por Europa Press, expone que "en un gran número de supuestos no se han constituido las juntas rectoras", dado que "no existían en su ámbito territorial suficientes entidades deportivas usuarias para proceder a la constitución de estos órganos colegiados". Dado el caso, el informe señalaba el "agotamiento" de este modelo y, a la hora de abordar la gestión indirecta y "ordinaria" de estas instalaciones, el documento zanjaba que la misma debe estar sujeta a contratos de "gestión de servicios públicos".

Para "regularizar" toda esta situación, el IMD anunciaba hace meses su decisión de licitar concesiones administrativas relativas a la gestión y explotación de las citadas instalaciones deportivas básicas municipales hasta ahora en manos de juntas rectoras.

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