El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha lamentado que no haya "voluntad de colaborar" por parte de los cargos de Tráfico que se han negado a comparecer en la comisión de estudio sobre seguridad vial de la Cámara autonómica, pero ha rechazado que esta situación se pueda elevar a "incidente", sino que se trata de un "desaprovechamiento de mejorar la colaboración institucional".

Pese a que el diputado popular lo ha ceñido a una cuestión de "mayor o menor afán de colaboración" con una comisión de estudio, a la que "no están obligados" a acudir, su homólogo socialista, José Luis Méndez Romeu, ha advertido de que esta situación indica que el Gobierno y el Partido Popular "están jugando en el Parlamento" y ha señalado al Ejecutivo gallego y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, como responsables de "resolverlo". "Si no lo resuelve, es porque no quiere", ha advertido Méndez Romeu.

Para el BNG, como ha expresado su portavoz parlamentario, Francisco Jorquera, en la rueda de prensa posterior a la Xunta de Portavoces, esta negativa a acudir a la Cámara para informar es un "motivo más" para pedir la reprobación del delegado del Gobierno, Samuel Juárez.

Precisamente, el representante del Ejecutivo central en la Comunidad gallega se dirigió a la Cámara autonómica para informar de que ni la jefa provincial de Tráfico de A Coruña ni el teniente coronel responsable de la Agrupación de la Guardia Civil en Galicia acudirían a la Cámara autonómica.

"Dado el carácter que las comisiones parlamentarias tienen de control político de la acción de gobierno en su correspondiente ámbito territorial, no se considera apropiada la presencia de las personas invitadas a dicha comisión, al tener la condición de funcionarios de la Administración General del Estado", justifica el texto suscrito por Juárez.

El otro rechazo fue el del jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, quien remitió un escrito en el que justifica que su actividad profesional se circunscribe "exclusivamente" a las infraestructuras viarias de la red de carreteras del Estado, que está sometida a control de las Cortes Generales.

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