El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno, este martes, al anteproyecto de Ley de Transparencia Pública y Participación Ciudadana, un "compromiso" del Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi, que se remitirá a las Cortes de Aragón antes de que concluya el presente periodo de sesiones, ha dicho el consejero de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro.

El anteproyecto establece que la transparencia y la participación son un derecho ciudadano y dispone una batería de medidas para que los ciudadanos se puedan formar su propia opinión sobre los asuntos de las Administraciones aragonesas. Los datos se publicarán en el Portal Transparencia, que creará el Ejecutivo regional.

La Ley obligará a ser transparentes no sólo a la Diputación General de Aragón, sino también el Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social (CESA), los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales que reciban subvenciones del Gobierno regional, la Universidad de Zaragoza, las empresas y fundaciones participadas por la Administración autónoma por encima del 30 por ciento y algunas entidades privadas.

Deberán publicar su estructura orgánica, la dirección postal de su sede, las retribuciones que perciban los altos cargos de los organismos y entidades anualmente, así como las compatibilidades de estos cargos y gastos de representación.

Roberto Bermúdez de Castro ha indicado que este anteproyecto se enmarca en el proceso de impulso a la transparencia que promueven la Unión Europea y el Gobierno de España.