La Xunta ha reiterado este lunes que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) las, aproximadamente, 250 sentencias judiciales que obligan a abonar la parte de las pagas extraordinarias que ha sido retirada a los empleados públicos, toda vez que sería "irresponsable" no agotar todas las vías.

Lo ha dicho, en comisión parlamentaria, el director xeral de Función Pública, José María Barreiro, quien ha replicado a la diputada del BNG Tareixa Paz que la actuación de la Xunta en este ámbito está "dentro de la legalidad".

La nacionalista había demandado que, dado que "ninguna" de las sentencias que se han ido publicando "da la razón", la Xunta se siente a negociar con los sindicatos la forma de darles cumplimiento. De lo contrario, ha advertido, podría haber "una avalancha" de reclamaciones judiciales, que conllevarían la devolución de 25 millones de euros por parte del Gobierno gallego.

Tras remarcar que "lo irresponsable sería actuar al margen de los recursos procesales", el alto cargo de la Consellería de Facenda ha dejado claro que la Xunta no tomará ninguna decisión "mientras no falle" el Constitucional, cuya sentencia "se acatará".

Dicho esto, y para rebatir las críticas de Tareixa Paz a una decisión "injusta en términos sociales y laborales", se ha mostrado consciente de los "esfuerzos" que han realizado los empleados públicos en "un contexto de grave crisis presupuestaria" en el que se hace necesario poner en marcha mecanismos de "contención del gasto".

Cumplir la constitución

Así, ha incidido, la supresión de parte de las pagas extraordinarias "es una medida que tiene por finalidad contribuir a la estabilidad presupuestaria derivada del marco constitucional". Frente a ello, ha enfatizado que las pagas de verano y diciembre no son "un derecho constitucional".

Por ello, y pese a reconocer que se trata de "medidas no gratas ni populares", José María Barreiro ha justificado su puesta en marcha en el "mantenimiento de los servicios públicos" tras añadir que "la Xunta no es ajena a esta crisis sin precedentes".

"ataque a los derechos laborales"

Sin embargo, la diputada del Bloque ha juzgado que la supresión de las pagas extraordinarias fue "un ataque a los derechos laborales" que sirvió como "primer paso" para "lo que vino después: la devaluación salarial del conjunto de la clase trabajadora".

Y, tras sostener que "no es de recibo" esperar al pronunciamiento del TC, ha dejado claro que el debate de este martes en comisión parlamentaria "no es un problema de legalidad, sino de voluntad política". "No quieren negociar la restitución de un derecho que están reconociendo todos los tribunales", ha sentenciado.

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