Amaiur defenderá este martes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que insta al Gobierno al inmediato cierre "definitivo e irreversible" de la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos).

Esta iniciativa será previsiblemente rechazada, y se votará sólo unos días después de una moción del PSOE (que fue rechazada con los votos del PP, CiU, UPyD y UPN) que pedía igualmente su cese inmediato.

En esa moción del PSOE, el portavoz parlamentario de Amaiur, Xabier Mikel Errekondo, criticó que el Gobierno haya decidido mantener en su reforma energética la energía nuclear, al tratarse de una fuente "contaminante y sucia". Desde Amaiur siempre han pedido el cierre definitivo de la instalación atómica.

"Por capricho de Soria pondrá en peligro atómico la salud de miles de personas a pesar de que la sociedad vasca le ha pedido el cierre de la misma. Sin ir más lejos este sábado por las calles de Vitoria", añadió, en referencia a la manifestación de este fin de semana en la capital alavesa.

Que se desmantele la central

Además, la formación vasca quiere pedir al Gobierno que inicie de manera inmediata el proceso de desmantelamiento de la central nuclear, poniendo en todo momento el énfasis en la garantía de la seguridad y en la transparencia.

A su vez, someterá a votación solicitar al Ejecutivo la creación de una "comisión interinstitucional específica" de seguimiento del proceso de desmantelamiento de la planta nuclear burgalesa, como garantía de la "necesaria seguridad y transparencia", y que estaría representada por todas las instituciones afectadas.

Finalmente, plantea la toma de medidas para impulsar de manera urgente la reindustrialización de las comarcas afectadas por el fin de la actividad de la instalación atómica.

La semana pasada, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguraba en el Congreso, que la decisión de una previsible reapertura de la central nuclear es "técnica" y "no política" y depende de su empresa propietaria, Nuclenor (Endesa e Iberdrola al 50%) y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), preguntado por el PNV en la sesión de control al Gobierno en el Congreso del pasado miércoles.

La situación de garoña

Garoña es la central nuclear más antigua de España y desde diversos ámbitos se ha solicitado su cierre y desmantelamiento total pues, como recuerdan, ya ha cumplido con su vida útil de 40 años para la que está diseñada para operar, y también porque dispone del mismo reactor que el de la central nuclear de Fukushima, que provocó un desastre de enormes dimensiones en marzo de 2011 y que ha conllevado una nueva normativa internacional en material atómica.

Aunque la última palabra la tiene la empresa propietaria de la instalación atómica, Nuclenor (Iberdrola y Endesa, al 50%), el pasado 21 de febrero el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros el decreto de combustible nuclear que permitiría a Garoña solicitar su reapertura.

Esta norma establece la posibilidad de que el titular de una instalación nuclear pueda solicitar una renovación de la autorización de su licencia de explotación siempre y cuando no haya afección a la seguridad nuclear, a la protección radiológica y que el cierre no haya sido derivado de alguna de estas circunstancias.

Este precisamente es el caso en el que se encuentra la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) que, en la actualidad, se rige por una licencia de cese de explotación.

Garoña no produce electricidad desde el 28 de diciembre de 2012, cuando a raíz de la entrada en vigor del impuesto sobre la producción en centrales nucleares, que estableció la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, Nuclenor decidió dejar de operar al considerar que le supondría un coste adicional de unos 152 millones de euros, una cantidad que consideraba "inasumible".

En un principio la planta debería haberse cerrado en julio de 2009, año en el que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió ampliar su permiso de explotación cuatro años más, hasta el 6 de julio.

Ya con el Ejecutivo 'popular' de Mariano Rajoy, en julio de 2012, se procedió a modificar este decreto de cierre, concediendo a la instalación burgalesa la posibilidad de solicitar su prórroga de explotación hasta 2019.

No obstante, Nuclenor no presentó solicitud alguna ante la incertidumbre que a su juicio podría crearse con el nuevo impuesto sobre la energía nuclear antes mencionado, así como la inversión de más de 100 millones de euros que supondría reabrir la planta atómica.

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