La fiscalía pide en su recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del caso Malaya que se anule tal resolución y dicte otra que "suprima toda referencia a destinar los bienes decomisados e importe de las multas satisfechas a abonar las deudas generadas para con el Ayuntamiento de Marbella".

El ministerio público señala que "resulta claro, y así parece reconocerlo el propio Tribunal que dice actuar 'respetuosa y humildemente' y 'salvo mejor criterio de la Superioridad', que la Audiencia Provincial efectúa una bienintencionada aunque irregular atribución de lo recaudado por comiso y pago de multas".

El fiscal añade en su escrito en sus consideraciones doctrinales y jurisprudenciales que la ley "establece con carácter imperativo el destino de estos caudales y el Tribunal no puede alterarlos a su capricho, cualquiera que sean las razones que le asistan para ello".

En el escrito se recuerda que el tribunal sentenciador dentro del apartado sobre el comiso de determinados bienes, acuerda que tanto "los bienes aquí decomisados, así como el importe de las multas satisfechas, sean utilizados para abonar esas deudas con las entidades públicas reseñadas".

El ministerio público relaciona hasta 34 motivos en su recurso y el último se refiere a este asunto, que considera una infracción de ley por incorrecta aplicación de un artículo del Código Penal.

En el recurso a la Sala segunda del Supremo contra la sentencia de este caso contra la corrupción en el Ayuntamiento marbellí con 36 condenados, el fiscal solicita anular esa resolución y dictar otra respecto a exalcaldes y exconcejales de Marbella y empresarios.

Respecto al cerebro de la trama, el exasesor urbanístico municipal marbellí Juan Antonio Roca, entiende que hay una aplicación indebida de la atenuación respecto del delito de blanqueo de capitales y pide condenarlo por blanqueo cometido en el ámbito de una organización y como jefe de la misma a nueve años prisión, multa de 720 millones y diez años de inhabilitación para cargo público.

También plantea que se le condene por un delito continuado de cohecho a cuatro años de prisión y nueve de inhabilitación y 40 millones de multa.

Sobre el exalcalde Julián Muñoz, Roca, cuatro exediles y dos empresarios respecto de la operación denominada Vente Vacío, solicita que se les condene por malversación de caudales públicos a seis años de prisión y 15 de inhabilitación y se les absuelva del delito de fraude o condenarlos por apropiación indebida a cinco años de prisión con la absolución de fraude.

El tribunal que juzgó el caso Malaya expresó en la lectura del fallo de la sentencia el pasado octubre su deseo de que parte del dinero y bienes decomisados en el proceso reviertan en Marbella para que pueda pagar sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social.