El letrado de Jonathan Moya, en prisión imputado por el rapto y asesinato de la niña onubense de 16 meses Míriam en Abrucena (Almería) en diciembre de 2012, ha vuelto a solicitar al juez instructor que le llame a declarar, y ha expresado su "perplejidad" ante el hecho de que el magistrado Jesús Miguel Hernández no haya dado aún respuesta a la petición anterior, cursada hace más de un mes.

"El caso tiene suficiente trascendencia para que se preste más atención a la voluntad de declarar de mi cliente, sea una o cien veces", ha indicado a Europa Press José Ramón Cantalejo, quien ha apelado al artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para remarcar su "malestar".

Cantalejo asegura en su escrito que es "importante y urgente" que Moya González preste declaración en sede judicial por una tercera vez "a los efectos de acelerar la investigación sobre diferentes personas que, según mi patrocinado, de forma directa intervinieron en la causa que se sigue con resultado de muerte de la menor".

Al hilo de esto, indica al Juzgado de Instrucción número 2 que se evitaría "así" la "desaparición" de alguna prueba ya que "alguna de esas personas no aparece hasta el momento en la causa".

Cantalejo, quien ha subrayado que ha pasado "más de un mes" desde que se solicitó por primera vez la declaración voluntaria, ha lamentado, asimismo, el traslado de Jonathan Moya al centro penitenciario de Herrera de La Mancha (Ciudad Real) al considerar que produce "indefensión".

"Mi cliente no debe estar en Herrera de la Mancha hasta que se termine con la instrucción de esta causa porque no puede estar al tanto de la marcha del asunto y no se le facilita la entrevista con su letrado", ha trasladado.

El primer escrito elevado 17 de febrero comunicaba al juez instructor, por "expresas instrucciones" de Moya González, su "deseo" de comparecer para que se le tomase nueva declaración. Se trataría de la tercera declaración en sede judicial principal imputado por la muerte de la niña Míriam tras unas comparecencias previas en las que prestó testimonios contradictorios. De hecho, las últimas actuaciones incorporadas a la causa incluyen dos informes elaborados por la Policía Judicial de la Guardia Civil para contrastar el contenido de la última de ellas.

Así, uno de ellos se elaboró derivado del análisis del contenido de los 'wasaps' del teléfono de Moya González y un segundo se realizó para comprobar la veracidad o falsedad de la última de las versiones en la que apuntaba a la intervención en el crimen de terceras personas.

Declaraciones cuestionadas

El primer informe recoge como conclusión principal que Raúl R.F., imputado por presunto delito de encubrimiento y pese a la última declaración exculpatoria de su amigo Jonathan, quien lo inculpó inicialmente, "era conocedor de sus intenciones de separar a la menor y a su madre en contra de la voluntad de ésta" y que podía, asimismo, "conocer el paradero de ambos" una vez fue secuestrada el 20 de diciembre de 2012.

El segundo informe de la Guardia Civil desmiente, tras unas intensas gestiones en diversas provincias andaluzas y en Extremadura, la existencia de las dos personas a las que señaló como implicadas en los hechos. "Las gestiones realizadas han sido contundentes a la hora de desmentir la existencia" de ambos, por lo que, según remarca, "puede considerarse sin ningún género de dudas que Jonathan Moya mintió" durante su ultima declaración en abril de 2013.

El cuerpo sin vida de la niña fue encontrado tras ocho días en paradero en el interior de una balsa de riego a una distancia de apenas unos 500 metros del cortijo familiar donde fue arrestado el principal implicado en los hechos. Según los datos que trascendieron del informe preliminar de la autopsia, la bebé habría muerto por un "traumatismo craneoencefálico y asfixia mecánica" entre tres y cinco días antes de que fuese hallada sin vida, el 28 de diciembre.

Cabe recordar que las diligencias previas incluyen la investigación de agresión sexual que la madre de la bebé, Gema Cuerda, denunció ante el puesto de la Guardia Civil de Gérgal (Almería) cuando comunicó que Moya González, de 25 años se había llevado "todas sus pertenencias" y a su hija de 16 meses tras mantener una "fuerte" discusión.