El suelo público que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (del PP) dio al conde de Bañares, a cambio de expropiarle un palacio del siglo XVIII situado en la localidad madrileña, acabó siendo propiedad de una empresa tapadera del arquitecto contratado por el Consistorio para diseñar ese acuerdo. Esa empresa, Valle del Duero, y el arquitecto, Leopoldo Arnaiz Eguren, acabaron construyendo en parte de esos terrenos municipales 112 viviendas, que ya vendieron por 250.000 euros de media cada una, obteniendo unos ingresos de 28 millones de euros. El conde, Enrique Rúspoli y Morenés, ganó en la operación 8,4 millones de euros. Quienes perdieron fueron los vecinos de Boadilla del Monte. El Palacio del Infante Don Luis, aunque pertenece al Ayuntamiento, nunca se utilizó para lo que fue expropiado.

La promotora burgalesa Valle del Duero está actualmente en concurso de acreedores (en el juzgado de lo mercantil número 4 de Madrid), debido al estallido de la burbuja inmobiliaria y a la caída de sus actividades. Debe 140 millones de euros, según fuentes judiciales. Valle del Duero tiene en su accionariado a otra firma, Valle de Antoranz, en cuyo consejo han estado el empresario Jesús Arranz Acinas (adjudicatario de la obra del ya famoso bulevar de Gamonal, en Burgos, proyecto paralizado por el movimiento vecinal) y Juan Arnaiz Eguren, hermano de Leopoldo.

Todos los documentos en poder de 20minutos avalan que esta operación estuvo perfectamente diseñada desde el principio para que todas las partes implicadas hicieran negocio. El inicio de esta historia se remonta a julio de 1998, cuando el Ayuntamiento de Boadilla y Enrique Rúspoli y Morenés firmaron un acuerdo para que el municipio recuperara el palacio del Infante Don Luis, una edificación construida en 1763 bajo el encargo del infante Don Luis, hermano de Carlos III. El palacio era en 1998 propiedad de Rúspoli, conde de Bañares, Maestrante de Granada y Guarda Noble de su Santidad el Papa. Su hermano Luis es el actual marqués de Boadilla. Ambos son descendientes del matrimonio celebrado entre Manuel Godoy, valido del monarca Carlos IV, y la condesa de Chinchón.

El objetivo era convertir el palacio en el Instituto Europeo de Medio Ambiente. El febrero de 1996, el entonces consejero de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid, Gustavo Villapalos, escribió a la alcaldesa de Boadilla, Nieves Fernández (del PP), instándole a que iniciara conversaciones con la familia Rúspoli para que el palacio se convirtiera en la sede del instituto. El arquitecto contratado por el Consistorio para ese acuerdo de expropiación fue Leopoldo Arnaiz, que curiosamente había sido presidente del Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria cuando Villapalos dirigía la Universidad Complutense.

El convenio fijaba un pago al conde de Bañares de 1,2 millones de euros en efectivo y suelo público para construir 338 viviendas, terrenos valorados en 10,8 millones de euros. Es decir, un total 12 millones de euros, un sobreprecio de 4,2 millones sobre la tasación que había hecho el Ministerio de Cultura, que valoró el palacio en 7,8 millones de euros. Para realizar la expropiación y pagar a cambio terrenos municipales era necesaria una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se encargó al arquitecto Leopoldo Arnaiz.

Como ya publicó este diario el 4 de marzo de 2014, Arnaiz está imputado en tres juzgados de la comunidad de Madrid: en el 35 de la capital por fraude fiscal y blanqueo de capitales, en el 8 también de la capital por estafa e incumplimiento de contrato, y en el número 2 de Alcorcón por un delito de negociación prohibida a funcionarios, es decir, el uso de información privilegiada. Además, uno de los últimos informes que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional ha elaborado para el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga la trama Gürtel, revela que otra empresa tapadera de Leopoldo Arnaiz ha comprado suelo en Boadilla a una sociedad de un testaferro de Francisco Correa.

Pero una empresa con fuertes intereses inmobiliarios en la zona, Fincas Boadilla, impugnó la modificación del PGOU, y por ende la expropiación, y el tema acabó en los tribunales. En octubre de 2002, El Tribunal Superior de Justicia de Madrid hizo añicos el acuerdo entre el Ayuntamiento y Enrique Rúspoli. El Gobierno municipal de Boadilla, ya en manos de Arturo González Panero, alias el albondiguilla, también imputado en la Gürtel, no tuvo más remedio que acatar la sentencia y declaró nulo el acuerdo de expropiación en mayo de 2003. Pero hecha la ley, hecha la trampa. El Ayuntamiento boadillense corrigió el PGOU declarado nulo y aprobó un nuevo convenio de expropiación del palacio, exactamente igual que el primero.

En 2003, con el acuerdo anulado, Boadilla ya había pagado al conde de Bañares 1,2 millones de euros en efectivo y le había transferido suelo municipal, concretamente cuatro parcelas, para construir las primeras 112 viviendas en dos barrios, el sector B y el sector 3. Pero el noble descendiente de Manuel Godoy no es constructor y solo quería el suelo para venderlo. ¿Quién se lo compró?

La promotora Valle del Duero, inscrita en el registro mercantil en julio de 1999, compró al conde de Bañares en diciembre de 1999, solo cinco meses después de su creación, las cuatro parcelas que el Ayuntamiento había dado al noble por el palacio. Por estas cuatro parcelas, que sumaban 13.440 metros cuadrados, Valle del Duero pagó a Enrique Rúspoli 7,2 millones de euros. La promotora Valle del Duero pertenece a la constructora burgalesa Aragón Izquierdo, cuyos socios son Ángel Aragón y Pedro Izquierdo. Hasta aquí todo lo que parecía una operación de compraventa inmobiliaria normal, de las muchas que se hacían en aquellos años en el pleno auge de la burbuja inmobiliaria. De hecho, Valle del Duero construyó en esas cuatro parcelas 112 viviendas y las vendió por 250.000 euros de media cada una, lo que le supuso unos ingresos de 28 millones de euros.

Pero ahora, catorce años después, el juzgado 35 de Madrid investiga por fraude fiscal y blanqueo de capitales a Leopoldo Arnaiz. Según la documentación aportada a este juzgado por una empresaria también imputada, se ha descubierto que el 51% de Valle del Duero pertenece a Leopoldo Arnaiz a través de otra empresa llamada Gamadortiz, creada en marzo de 1999 y administrada por un testaferro de Arnaiz, Javier Resino Pozas. Para complicar aún más la telaraña, Gamadortiz pertenece a su vez a otra firma llamada Dosmilenaria. Tanto Dosmilenaria como Gamadortiz pertenecen a Leopoldo Arnaiz. De hecho, Arnaiz, tras declarar en el juzgado 35 y reconocer que Dosmilenaria era de su propiedad, cambió el 21 de enero de 2013 al administrador de Gamadortiz. Ya no es Javier Resino sino su propio hermano Juan Arnaiz. Ya no había nada que ocultar. La operación fue perfecta para Arnaiz y para el conde de Bañares. Saltándose la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el arquitecto que diseñó la expropiación del palacio se quedó luego, a través de una empresa tapadera, con parte de las parcelas públicas que el Ayuntamiento había dado al conde a cambio del palacio. Valle del Duero construyó 112 viviendas, obteniendo un importante beneficio. Y Enrique Rúspoli ganó 8,4 millones en la operación.

Actualmente, el Ayuntamiento de Boadilla negocia con el conde el resto del pago acordado hace tantos años: los terrenos con capacidad para las 226 viviendas que faltan. En un principio, estos terrenos iban a estar en el barrio de El Olivar, que ya está urbanizado, pero ya no es seguro. "El suelo sigue siendo municipal. Estamos negociando con Enrique Rúspoli dónde se materializa esa entrega, en qué zona del municipio", explica Miguel Ángel Ruiz, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Boadilla, que desconocía que las primeras cuatro parcelas ya entregadas al conde acabaron luego en manos del arquitecto. "Este equipo de Gobierno no tuvo nada que ver con aquello", matiza.

Dos correos electrónicos en poder de este diario demuestran que los abogados del conde de Bañares y el arquitecto Leopoldo Arnaiz estaban en mayo de 2003 pactando las cláusulas del nuevo acuerdo de expropiación que sustituía al primero que había sido anulado. En uno de ellos, fechado el 20 de mayo, el letrado del noble corregía los metros cuadrados que le correspondían a su defendido en el barrio del Olivar por ceder el palacio: 29.427 en lugar de los 26.620 consignados en un principio. Aquí se iba a construir las 226 viviendas que faltan y que ahora se negocian. El conde de Bañares asegura a 20minutos que "en absoluto tenía yo noticia de que el señor Arnáiz fuese partícipe en la sociedad adquirente de las cuatro parcelas que enajené en 1999. Desde luego, el señor Arnáiz no estuvo en las negociaciones que se mantuvieron para acordar las condiciones de la transmisión y el precio, ni tuve noticia alguna de él con ese motivo". Este diario no ha podido contactar con ningún responsable de Valle Duero.

El palacio nunca tuvo el uso para lo que fue expropiado. Si en 1996 el objetivo era que fuera sede del Instituto Europeo de Medio Ambiente, en 1998 el destino ya había cambiado. Iba a ser la sede del Centro de Formación de Funcionarios Europeos. La demanda de Fincas de Boadilla y la anulación por vía judicial del convenio paralizó todo. La Unión Europea al final no tuvo ningún interés en el palacio y el Ayuntamiento de Bodilla firmó con el ministerio de Defensa a finales de 2002 un acuerdo para que el palacio se convirtiera en la sede de la Escuela de Equitación y Cría Caballar del Ejército. Acuerdo que tampoco fructificó.

El siguiente proyecto fue convertir el palacio en la sede de la Sociedad General de Autores (la SGAE). Tampoco pudo ser después de que en septiembre de 2010 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulase la concesión del palacio a la SGAE. Una auditoría municipal valoró en 511.000 euros los daños que la SGAE dejó en el palacio. Ahora, el palacio, Bien de Interés Cultural, está recibiendo fondos por valor de dos millones de euros procedentes de la UE para su restauración. Y el Ayuntamiento de Boadilla acaba de aprobar un gasto de 1,7 millones para rehabilitar los jardines del palacio. Al final, el palacio sigue sin ningún tipo de uso 16 años después del primer acuerdo de expropiación.