El exconsejero de Cultura, Turismo y Deporte Javier López Marcano, diputado del PRC en el Parlamento regional, y el exdirector de la Sociedad Regional de Turismo (Cantur) se sientan desde este lunes en el banquillo por la contratación de la Casa de los Gorilas del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, por la que la Fiscalía les acusa de delito continuado de prevaricación y pide para cada uno nueve años de inhabilitación de empleo o cargo público.

Por su parte, la empresa pública Cantur, que ejerce la acusación particular, califica los hechos como la Fiscalía y solicita una pena de ocho años de inhabilitación.

Está previsto que el juicio se desarrolle en siete sesiones, desde este lunes, 17 de marzo, a partir de las 9.30 horas, hasta el martes siguiente, día 25, en el salón de actos del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en el complejo judicial de Las Salesas.

Según relata el Ministerio Fiscal, Higuera y López Marcano, que cuando se construyó la Casa de los Gorilas era presidente de Cantur por su condición de consejero, e Higuera, entonces director de esta empresa pública, "obviando las exigencias legales de publicidad y libre concurrencia" contrataron entre junio de 2004 y enero de 2007, la redacción del proyecto, su dirección de obra, la coordinación de seguridad, su construcción y la del edificio anexo dedicado a cafetería, tienda y aseos por más de dos millones de euros.

Las obras, según el escrito del fiscal, se llevaron a cabo "sobre suelo no urbano y sin disponer de la autorización de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), ni licencia de obras" y el edificio anexo se ejecutó "sin proyecto arquitectónico".

Incumplimientos de la legalidad "clamorosos",

Según fiscalía

Para Fiscalía, esta actuaciones suponen un "claro incumplimiento" de la normativa vigente en el momento de los hechos sobre contratos de Administraciones Públicas que exige a éstas, o a sus organismos autónomos, que ajustes su actividad contractual "a los principios de publicidad y concurrencia", salvo que la naturaleza de la operación sea "incompatible" con éstos.

Considera que los acusados adjudicaron los contratos de los técnicos y de las constructoras del recinto en el que se alojan los gorilas de Cabárceno "con plena conciencia de la ilegalidad de sus actos, incumpliendo las legislaciones vigentes, aplicables a la materia, de forma evidente, clamorosa y patente".

Por ello, considera que los hechos relatados son constitutivos de un delito continuado de prevaricación del que considera autores a los acusados, por lo que pide 9 años de inhabilitación para López Marcano y los mismos para Higuera, que tenía limitadas a 60.000 euros sus facultades de contratación.

La acusación particular que ejerce Cantur considera que los acusados llevaron a cabo las contrataciones para la Casa de los Gorilas "obviando" las exigencias legales y "sin el mínimo respecto de las más elementales reglas" del ordenamiento jurídico.

Entre otros aspectos sobre la obra, considera "insólito" que pese a encomendarse la dirección de la obra al arquitecto superior Eduardo Fernández bascal, las certifificaciones de obra sólo estén firmadas por el otro arquitecto en el proyecto, Juan Ignacio Cobo, y fueran aceptadas por Higuera y posteriormente por López Marcano.

Considera también que es "notable" la "falta de control" sobre la obra, ya que, según la acusación, no se controlaron los materiales de obra, dando Cobo, el visto bueno "a todo tipo de certificaciones", suscribiendo y ratificando "obras no ejecutadas".

Marcano e higuera decidieron "orillar" la ley,

Según cantur

Para la acusación particular, López Marcano e Higuera, con su conducta, contravinieron, "expresa y conscientemente", los principios vigentes en el ámbito de la contratación en la Administración Pública, adjudicando la ejecución de la obra a Construcciones Queveda y la dirección del proyecto a Fernández Abascal por "puras preferencias personales", "sin razón alguna de oportunidad o de urgencia".

Sostiene que la norma vulnerada es "clara" y "plenamente conocida" por los acusados por lo que "no cabría en ningún caso alegar confusión interpretativa" ya que, a su juicio, es "notorio" que Higuera y López Marcano "deciden de forma orillarla y actuar al margen" de ella. "Estamos por tanto ante una ilegalidad severa, patente, flagrante y clamorosa".

Insiste en que ambos fueron "plena y cabalmente conscientes" de que su actuación era ilegal y decidieron "deliberadamente" y pese a la "magnitud del contrato contratar a Construcciones Queveda y a los arquitectos "al margen de cualquier procedimiento" para ello.

La acusación solicita como medida cautelar que, para garantizar el cumplimiento por parte de los acusados de sus responsabilidades pecuniarias, se abra pieza separada para determinar la situación económica de ambos para los abonos de las costas que se puedan causar en el procedimiento.

Por su parte, la defensa ha mostrado su "disconformidad" con los hechos expuestos por el Ministerio Fiscal y Cantur y sostiene que "no son constitutivos del delito" que se les imputa, por lo que pide la libre absolución.