La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo autonómico en el decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno y por el que la comunidad se reserva los derechos del complejo minero de Aznalcóllar (Sevilla) de cara a su reapertura "se atribuye una competencia que solo corresponde al Estado, como es el reservarse el aprovechamiento de esos recursos minerales".

Así se ha manifestado la delegada del Gobierno en declaraciones a Europa Press después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este viernes un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el mismo.

Según Crespo, el Gobierno de Mariano Rajoy, con esta decisión, pretende que el proceso cuente "con todas las garantías conforme a la legislación y sin invasión de competencias". A partir de ahí, según ha añadido, el Ejecutivo central apuesta por "un desarrollo económico sostenible de la comarca".

En este sentido, la delegada del Gobierno en la comunidad ha resaltado que la Junta de Andalucía "no puede, de manera unilateral, iniciar un proceso tan crucial para Andalucía".

Por último, Crespo ha recordado que la catástrofe de Aznalcóllar registrada en el año 1982 causó un gran daño medioambientalmente, que "no se ha reparado del todo", cerca del Parque Nacional de Doñana. Además, ha precisado que "los tribunales aún no se han pronunciado sobre las indemnizaciones que debe pagar Boliden", empresa que abandonó la mina poco después de la famosa catástrofe medioambiental, cuando la balsa de residuos de metales pesados asociada al complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), sufrió una fractura que provocó un vertido masivo de lodos tóxicos a todo el área de influencia del río Guadiamar.