El Ministerio de Justicia niega que las familias de la Corrala estén "en riesgo de exclusión"

El Ministerio de Justicia, en el marco de la demanda promovida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las familias que habitan sin título alguno los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de 'Ibercaja', ha manifestado a esta institución que el desalojo forzoso ordenado por el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla sucederá en algún momento después del 18 de marzo si estas personas no abandonan voluntariamente las viviendas, aunque descarta que estas personas y sus menores de edad estén "en riesgo de exclusión social o desatención social".
Bloque De Viviendas Ocupados Corrala La Utopía
Bloque De Viviendas Ocupados Corrala La Utopía
EUROPA PRESS

El Ministerio de Justicia, en el marco de la demanda promovida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las familias que habitan sin título alguno los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de 'Ibercaja', ha manifestado a esta institución que el desalojo forzoso ordenado por el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla sucederá en algún momento después del 18 de marzo si estas personas no abandonan voluntariamente las viviendas, aunque descarta que estas personas y sus menores de edad estén "en riesgo de exclusión social o desatención social".

Hasta el momento, y merced a las peticiones de la propiedad de las viviendas, el Juzgado de Instrucción número tres ha ordenado el desalojo forzoso de las viviendas a cuenta de un presunto delito de usurpación de las mismas y, en un segundo auto, ha instado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que den cumplimiento a dicha orden.

Ante esta tesitura, el Grupo de Juristas Independientes 17 de Marzo, que representa al colectivo de familias, había elevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda contra el Reino de España reclamando la suspensión del auto en el que la juez instaba a las fuerzas de seguridad el cumplimiento de la orden de desalojo. Los abogados de estas personas avisaban de la violación de los artículos 3, 8 y 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos, relativos a la prohibición de tratos inhumanos o degradantes, el derecho al domicilio que incluye el derecho a una vivienda adecuada y el respeto a la vida privada y familiar.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tras dar curso a la demanda, había reclamado a las autoridades involucradas en el conflicto que aclarasen "¿cuáles son las medidas a adoptar en relación a los demandantes, en especial el niño menor de edad de la primera demandante, teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad, para prevenir la violación de los artículos 3 y 8 de la convención?". La institución, así, se interesaba por las "soluciones" y los "plazos".

En su escrito de respuesta, recogido por Europa Press, el Ministerio de Justicia detalla el conflicto desde que en mayo de 2012 fuesen ocupadas las viviendas, dando cuenta de que 'Ibercaja' ofrece a estas personas su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias', siendo resuelto el alojamiento de cinco de las familias una vez acreditada "una necesidad real" de vivienda y "riesgos de exclusión social", toda vez que "el resto de familias no han solicitado todavía" la evaluación social necesaria para tal acreditación. El Ministerio informa de que la Junta de Andalucía construye actualmente un edificio de uso social que estaría listo "en siete meses" y el Ayuntamiento pone a disposición de las familias "sus servicios sociales", que serían además movilizados si finalmente media "un desalojo".

El Ministerio defiende, especialmente, que "si los demandantes no acceden a dejar el edificio voluntariamente", el desalojo efectivo sucedería "en una fecha indeterminada después del 18 de marzo y el Reino de España está en posición de asegurar que si finalmente tiene lugar (el desalojo), ni los demandantes ni los menores eventualmente afectados están en riesgo de exclusión social o desatención social". Finalmente, recuerda que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento han formado un "grupo de trabajo de alto nivel" para solucionar el conflicto.

La corrala utopía

Estamos hablando del colectivo de familias que habita sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de nueva construcción y renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales, cuya propiedad ostenta 'Ibercaja' a través de la sociedad inmobiliaria 'Residencial Murillo'.

Las viviendas en cuestión fueron ocupadas en mayo de 2012 por estas familias alegando su difícil situación socioeconómica y la necesidad de contar con un techo y el conflicto, a lo largo de todos estos meses, ha contado con una vertiente sociopolítica, pues el asunto ha sido debatido en los plenos del Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla con diversas movilizaciones y hasta un festival de rock, y un plano judicial derivado de la denuncia promovida por la titularidad de las viviendas, a cuenta de la usurpación de las mismas.

Las familias esgrimen que su reivindicación no es otra que contar con alquileres sociales para habitar estas viviendas a cambio de cuotas ajustadas a su situación socioeconómica, mientras 'Ibercaja' ha puesto sobre la mesa su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en su obra social para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado.

LA '

Corrala utopía'

Si bien en la primavera de 2013 mediaba un principio de acuerdo entre estas familias y la propiedad del edificio para realojar en otras viviendas a las familias que acreditasen un estado de verdadera "necesidad", extremo que motivó entonces que 'Ibercaja' solicitase la suspensión de su petición de desalojo forzoso, dicho pacto no llegó a buen puerto a excepción del caso de cinco familias que sí se acogieron a los términos del acuerdo. Mientras ambas partes se acusaban mutuamente de incumplir los términos del pacto, la propiedad de las viviendas reactivó su petición de desalojo forzoso.

Entretanto, el Juzgado de Instrucción número tres había ido tomando declaración a todos los miembros del colectivo de familias por un presunto delito de usurpación, instando en todos los casos al desalojo voluntario de las viviendas. Finalmente, esta instancia judicial notificaba recientemente un auto ordenando el "desalojo forzoso" de las viviendas.

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