El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, se ha mostrado convencido de que la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Álvarez debe seguir ostentando su cargo como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), habida cuenta de que "hasta que no es declarada culpable debe presumirse su inocencia".

En declaraciones a los periodistas con motivo de la presentación de la Guía para la Comunicación de la Violencia de Género, De Llera, que ha recordado que Álvarez no ocupa actualmente cargo político, ha recordado que "tenemos que respetar la presunción de inocencia", por lo que, "consiguientemente, creo que debe seguir donde está". Además, añade, "creo entender que ha entablado un recurso contra esta segunda inculpación, el otro lo ganó".

Tras calificar de "difícil" el ingreso de 29,5 millones de euros, montante de la fianza de responsabilidad civil impuesta a Álvarez por la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, el titular andaluz de Justicia e Interior ha hecho hincapié, no obstante, en que pese a su formación de jurista él, como consejero, debe dedicarse al gobierno de la autonomía y no a "enjuiciar resoluciones judiciales ni actuaciones de jueces y fiscales".

"Debo trabajar en las cuestiones que realmente importan: como consejero de Justicia, me interesa toda la justicia en Andalucía, no un proceso en concreto, y mi deber es velar por que ésta funcione con rapidez, cosa que parece que es una asignatura pendiente de muchísimos años", ha manifestado De Llera, para quien el tiempo de respuesta es "lentísimo" lo que "es malo para todo el mundo, pues nada se parece más a la injusticia que una justicia tardía".

Hay que recordar que, en la primera de las dos comparecencias de Magdalena Álvarez ante la juez, celebrada el 8 de octubre de 2013, ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Junta solicitaron medida alguna para la imputada, mientras que la acusación que ejerce Manos Limpias pidió que se le impusiera una fianza de responsabilidad civil de 125 millones, más el tercio legal previsto.

En el caso de Magdalena Álvarez, imputada por dos presuntos delitos de malversación y prevaricación, la instructora toma como base para fijar la fianza civil las ayudas "efectivamente abonadas" hasta el 31 de diciembre de 2003, una cuantificación "realizada a groso modo" dado que su cargo "perduró hasta el 7 de febrero de 2004", precisando que el importe de las mismas asciende a 177.408.775,22 euros.