Este colectivo, que agrupa a cerca de 400 docentes en los tres campus aragoneses, protesta por la reforma de la Ley de Universidades, que extingue esta figura profesional y les exige para integrarse en el cuerpo de titulares universitarios, además de ser doctores, una acreditación que confirme que son aptos para desempeñar su trabajo.

Los afectados denuncian que han tenido que pasar la misma oposición que los profesores de las facultades, a quienes la reforma legal no exige ningún tipo de acreditación adicional.

Por eso, reclaman que los docentes que ya tienen el doctorado obtengan automáticamente el rango de profesores titulares de la universidad y que se abra un periodo para que el resto pueda doctorarse.