El director general de Memoria Democrática de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, Luis Naranjo, ha mostrado este viernes su confianza en que los ayuntamientos remitan un catálogo de símbolos franquistas de sus localidades antes de la entrada en vigor del todavía anteproyecto de ley de memoria democrática de Andalucía.

En una rueda de prensa en Almería, Naranjo ha asegurado que desde su departamento ya se remitió una carta a todos los ayuntamientos para solicitar un listado de símbolos en monumentos, plazas y calles de las localidades; carta a la que "no han respondido algunos" mientras que otros "han enviado todo el callejero de vuelta para que los busquemos nosotros".

No obstante, el director general ha afirmado que otros "muchos" sí han contestado y que, en este sentido, el futuro catálogo que también se nutrirá de los listados elaborados por las asociaciones memorialistas, está "muy avanzado". "Elaborar el catálogo es muy fácil", ha dicho Naranjo, quien ha incidido en que los ayuntamientos solo precisan "un administrativo" de su personal para la elaboración del mismo.

El catálogo de símbolos es un elemento clave a la hora de poder aplicar la ley, ya que en la misma se ha incluido un plazo de 18 meses que se da a particulares y administraciones públicas para retirar este tipo de símbolos; un aspecto temporal que difiere de la actual Ley de Memoria Histórica de 2007 en la que también se recoge la eliminación de estos objetos e inscripciones.

Naranjo ha reconocido en este sentido la existencia de símbolos e inscripciones en edificios cuya titularidad corresponde a la Junta, como el caso de la Escuela de Arte de Almería que mantiene un escudo en su fachada que no ha sido retirado por el Gobierno andaluz. Ante esto, el director general ha declinado precisar si su retirada se dará con la entrada de la nueva ley o bajo la legislación vigente, si bien ha insistido que, en cualquier caso, "lo importante es que se intervenga".

El director ha hecho un repaso al anteproyecto de ley presentado esta semana con el que se pretende "normalizar todo lo que tiene que ver con la reparación del daño a las víctimas y la recuperación de la memoria", un aspecto que "ha ocurrido en toda Europa y que en España es una asignatura pendiente", según ha valorado.

En este sentido, ha recordado alguno de los aspectos que incluye el anteproyecto de ley como la creación de un censo de víctimas ampliado a colectivos minoritarios y con perspectiva de género, un protocolo de exhumaciones con estándares internacionales y en el que la Junta estará presente en todos los casos, de forma que incluso podrá presentar una denuncia de oficio en los juzgados, y la creación de un consejo andaluz de memoria democrática, entre otros aspectos.

En el caso de Almería, tanto la delegada de la Junta, Sonia Ferrer, como el responsable de la Oficina de Vicepresidencia, Rafael Salazar, han destacado la importancia de esta medida en una provincia en la que se estima que hubo unos 500 asesinados y varios miles de afectados en el periodo de represión.

Salazar ha señalado que para este año está previsto que la provincia acoja dos exhumaciones, una en el cementerio de Almería con capital de la Dirección General, y otra en Sierro, bajo subvención. No obstante, las actuaciones carecen aún de fecha para su ejecución.