El Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto ley de 21 de febrero por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica, y por el que se comprometen 150 millones de euros en ayudas a los afectados.

Esta norma ha salido adelante con el apoyo del PP, PSOE, UPyD, PNV, Coalición Canaria, Foro de Asturias, UPN y la abstención del CiU y la Izquierda Plural.

Tanto el PSOE, como CiU y la Izquierda Plural habían pedido su tramitación como proyecto de ley al no compartir en este decreto la disposición final primera de la misma, que modifica la ley de haciendas locales, y poder así modificar, entre otros, este aspecto en el trámite parlamentario; una petición que ha sido rechazada con la mayoría del Grupo Popular.

Ayudas por el temporal

Así, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha sido el encargado de defender en la mañana de este jueves este decreto de ayudas a los afectados por el temporal en la costa cantábrica y la fachada atlántica.

Se trata de una norma aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 21 de febrero, para paliar los daños que han afectado a Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco y que han alcanzado, tanto a bienes de particulares, fundamentalmente locales comerciales, viviendas y vehículos situados en las inmediaciones de zonas de playa o portuarias, como a bienes de titularidad pública de las distintas Administraciones.

A fecha de ese 21 de febrero y, de acuerdo con las estimaciones aportadas hasta ahora por distintas Administraciones consorcio de compensación de seguros, el Gobierno cifró los daños totales por encima de los 150 millones de euros: 20 millones de euros en bienes de particulares y 130 millones de euros en bienes públicos, destacando playas, puertos e infraestructuras ferroviarias.

Ayudas a pequeños comerciantes

Por otro lado, dada la naturaleza de los daños y atendiendo al importante número de establecimientos mercantiles que en playas y zonas costeras han resultado dañados, el decreto ley, además de las medidas de ayuda más comunes ante este tipo de sucesos catastróficos, contiene disposiciones específicas para ayudar en particular a empresas de pequeño tamaño que hayan visto afectados sus establecimientos turísticos y de otra naturaleza, ampliando las ayudas ya existentes.

Además, para que los municipios costeros concernidos puedan reparar los daños antes del comienzo de la temporada turística, se incluye una convocatoria especial de préstamos bonificados a través del Fondo Financiero para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT), con el fin de financiar las obras de reparación de las infraestructuras turísticas municipales y establecimientos turísticos privados que hayan quedado afectados.

En el ámbito del Ministerio de Interior se flexibilizan los requisitos exigidos para la concesión de ayudas en situaciones de emergencia, de manera que se amplía de uno a dos meses el plazo para presentar las solicitudes para cualquiera de estas ayudas, y se reduce de seis a tres meses el plazo para resolver.

Entre otras también se contemplan ayudas por daños personales (fallecimiento o incapacidad), por daños materiales en viviendas habituales y enseres, ayudas a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, pesqueros y turísticos, y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes.

En relación con las infraestructuras locales, se prevé la posibilidad de financiar hasta el 50 por 100 del coste de la reparación de los servicios afectados y se tramitarán por el procedimiento de emergencia las obras de reparación o restitución de todo tipo de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal, de las mancomunidades y de la red viaria de las Diputaciones Provinciales

En el caso concreto de las actuaciones y obras de emergencia, el Ministerio de Medio Ambiente impulsará medidas en la costa por un valor aproximado de 35 millones de euros. Estas actuaciones irán dirigidas a restaurar las infraestructuras dañadas, como paseos marítimos, accesos a playas, reposición de arena, protección y conservación de los elementos que integran el dominio público marítimo-terrestre, así como los trabajos complementarios para asegurar la sostenibilidad de la costa y mitigar los efectos de futuros temporales y galernas.

Por lo que se refiere al dominio público hidráulico, se impulsarán medidas, por importe de 9 millones de euros, destinadas a restaurar y reparar los daños causados por las avenidas de agua y viento, limpieza, retirada de tapones y reparaciones destinadas a prevenir los daños de futuras venidas, así como de reparación de paseos fluviales y márgenes de los ríos.

En materia de infraestructuras rurales, se impulsarán obras de emergencia, por un valor aproximado de 600.000 euros, para la reparación del Camino Natural 'Ruta del Cantábrico', también dañado por el temporal

Las actuaciones de restauración de las infraestructuras de titularidad estatal contempladas se financiarán mediante créditos extraordinarios con cargo al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria.

Un decreto que llega tarde

Durante el debate, la diputada socialista, Puerto Gallego, ha criticado que estas ayudas llegan "tarde" y además cree necesario que se tramite como proyecto de ley porque es "manifiestamente mejorable" y se han vuelto a repetir nuevos temporales en marzo y nuevos daños. Según ha precisado esta tramitación no supondría retrasos porque el decreto entró en vigor el mismo día de su publicación en el BOE.

A este respecto, el diputado vasco del PP José Eugenio Azpiroz ha advertido de la celeridad con la que se ha puesto en marcha este decreto ley. Según ha explicado, el 3 de marzo hubo también afectaciones "importantes" a partir de unas tormentas, es decir unos fenómenos posteriores al 21 de febrero de este decreto.

A estos se les aplicará de forma inmediata el sistema de cobertura de ayudas del Ministerio del Interior, especialmente porque han agravado daños de los ya producidos durante ese periodo de ciclogénesis y, "por lo tanto daños ya previstos y considerados en el decreto ley".

Tanto la Izquierda Plural, como el Foro de Asturias, y el BNG habían pedido la ampliación de las ayudas porque se produjeron daños materiales posteriores a ese 21 de febrero. De hecho, el grupo nacionalista gallego ha indicado que no sólo se han producido en su comunidad autónoma daños en la costa, materiales en los paseos o fachadas y los pescadores que no han podido faenar durante casi dos meses, sino también con las lluvias, donde los agricultores han tenido perjuicios.