El abogado de Augusto César Tauroni, empresario y considerado presunto cabecilla del 'caso Cooperación', ha afirmado que su representado, a quien la Fiscalía le pide 11 años de cárcel y 21 de inhabilitación, "nunca" se ha apropiado de "caudales públicos", y ha explicado que comenzó a relacionarse con el exconseller de Solidaridad y actual diputado No Adscrito en las Corts, Rafael Blasco, para "defenderse" de los "ataques furibundos" que se publicaron en la prensa a partir de octubre de 2010.

Estas son algunas de las ideas que ha expuesto el letrado del empresario, único acusado en prisión en la primera pieza del 'caso Cooperación' —en la que se investigan presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta conselleria a la Fundación Cyes en 2008—, durante la exposición de su informe, en el que ha solicitado la libre absolución para su representado al entender que no ha cometido ningún delito.

El letrado ha aprovecha también este momento para interesar que se celebrase una comparecencia de libertad para su cliente, si la Sala así lo estimaba oportuno, pero el tribunal lo ha desestimado y le ha indicado que la convocará una vez concluya el juicio.

El abogado ha hecho suyos los alegatos realizados por el representante de Blasco, y ha solicitado la nulidad por varios motivos: imparcialidad de la jueza instructora, a quien ha acusado de quebrar el procedimiento con todas las garantías; invalidez de la prueba pericial del Interventor del Estado por hacer un informe de índole jurídico cuando su incumbencia es "estrictamente financiera"; y falta de motivación para ordenar y seleccionar intervenciones telefónicas, que "deben ser expulsadas del proceso", ha dicho.

En resumen, ha expuesto que éste ha sido un juicio "sobre conjeturas, suposiciones y probabilidades que difícilmente podrán cobrar el grado de certeza y romper la presunción de inocencia de Tauroni", pese a que Fiscalía "ha tratado de hacer ver que hay pruebas directas contra él", ha apostillado.

Sobre los hechos concretos, el abogado ha subrayado que la intervención de Tauroni en los hechos enjuiciados se debe encuadrar "únicamente" en la ejecución de unos determinados trabajos para la Fundación Cyes por los que se conformaron la emisión de unas facturas. Al respecto, ha reiterado que Arcmed, mercantil de su cliente, realizó unos trabajos para la fundación, "sin la más mínima duda" y luego cobró por ellos -algo más de 400.000 euros—. "Se llevaron a cabo estudios y levantamientos topográficos, y esto es una verdad inmutable", ha aseverado.

En relación a la acusación de que estos estudios fueron plagiados de Internet, el abogado lo ha desmentido aunque ha reconocido que para redactar los documentos se pudo recurrir a Internet para consultar algunos datos, "como se hace en cualquier trabajo". A parte de este extremo, Tauroni "fue ajeno a cualquier intervención en el desarrollo administrativo de expedientes de cooperación".

Relación con blasco

Sobre la relación que mantenía su cliente con Blasco, el letrado ha explicado que "no era de amistad", y que fue a partir de octubre de 2010, cuando sufrió "ataques" en la prensa, cuando ambos se relacionaron, pero "para defenderse", para "clarificar posiciones frente a un ataque furibundo". "Lo extraño hubiera sido lo contrario, que ante semejantes noticias, no se hubieran hablado para ver qué pasaba y cómo hacer un frente común".

Así mismo, ha desmentido, al igual que Boix, que Tauroni llamase 'Conill' o 'Conejo' a Blasco, y ha incidido en que esta palabra era una "muletilla", una "forma de hablar", "la forma de identificar a una persona en un momento determinado". Sobre las siglas 'RB' que la Fiscalía atribuye a 'Rafael Blasco', el abogado también lo ha negado y ha afirmado que significa "Revisión Beta", es decir, "borradores o bocetos que se van modificando, pero nada tenían que ver con Blasco".

Defensa de llinares

Por otro lado, este jueves también ha intervenido en el juicio el letrado de Marc Llinares, exjefe de Servicio de la extinta conselleria, para el que se ha solicitado la libre absolución de todos los hechos que se le atribuyen, pese a que la Fiscalía le requiere una pena de ocho años de prisión por presunta malversación y 18 de inhabilitación.

Este abogado ha negado cualquier relación de su cliente con Arcmed, la mercantil de Tauroni, y ha lamentado que el fiscal intente acreditarla "para crear una condición de culpabilidad que no existe". Así mismo, ha puntualizado que Llinares llegó a la conselleria un mes después de que se adquirieran los inmuebles y de que la Fundación Cyes pagara a Arcmed. Así, ha puntualizado: "los pisos no se adquieren porque Llinares no hace caso de las advertencias de funcionarios, sino porque cuando llega ya han sido adquiridos un mes antes y los pagos satisfechos".

Además, ha afirmado que es "verdad" que la Fundación Cyes no reunía la experiencia previa, ni la concurrencia con una ONG en red, que dijo que iba a comprar pisos y que "no se iba a gastar un duro en el país beneficiario", y pese a ello se aprobaron las subvenciones, pero porque los técnicos así lo estimaron y siempre antes de que llegara su representado a ese departamento.