Un total de 28 personas han muerto y 365 han resultado heridas en el marco de la ola de violencia que estalló el pasado 12 de febrero a raíz de las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, según ha informado la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz.

Ortega Díaz ha detallado que entre los fallecidos hay cuatro funcionarios —un fiscal y tres miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)— y entre los heridos, otros 109 funcionarios, la mayoría policías y militares.

Además, durante "las supuestas manifestaciones pacíficas se han incautado 25 armas de fuego, más de 200 artefactos incendiarios y explosivos C4", según ha informado a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

La titular del Ministerio Público ha considerado, desde Ginebra, donde este jueves ha comparecido ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que estas cifras evidencian que las protestas "no han sido tan pacíficas".

"El pasado 12 de febrero, lo que comenzó en Venezuela como una manifestación pacífica hasta la sede del Ministerio Público fue convertida en una situación de caos y violencia muy distinta a la de paz y armonía que garantiza la Constitución", ha dicho.

Ortega Díaz ha denunciado que "al margen de los deberes constitucionales, un anárquico y minoritario sector, mediante acciones que no se enmarcan en el ejercicio del derecho a manifestarse pacíficamente, realizan acciones manteniendo como último propósito, la perturbación con objetivos políticos".

Derechos humanos

La fiscal general ha aclarado que "el derecho a manifestar está garantizado por la Constitución", pero que "debe ser ejercido de forma pacífica y, en caso que sirva de excusa para cometer delitos, el Estado está en el deber de defender a los ciudadanos y aplicar sanciones de acuerdo con la ley".

"Es decir, el derecho a manifestar, como todos los derechos, no es absoluto, tiene también límites. Estos límites, vienen dados por los Derechos Humanos, fundamentales de los otros, como por ejemplo el derecho al libre tránsito, a la integridad personal y, por supuesto, el derecho a la vida", ha subrayado.

Ortega Díaz ha explicado que las detenciones que han realizado las fuerzas de seguridad "no se han practicado sobre personas que simplemente estaban ejerciendo su derecho a la protesta, sino sobre quienes se presume han tenido algún grado de participación en acciones violentas".

En detalle, ha indicado que, del total de detenidos, "46 han recibido la libertad plena y 1.347 han recibido el beneficio de medidas cautelares de libertad, mientras que sólo 106 han sido privados de ella por la gravedad del delito que se les ha imputado".

"De las personas detenidas por los hechos de violencia, todas han sido presentadas (ante un juez) dentro del plazo de las 48 horas siguientes y previa realización de los exámenes médicos forenses respectivos, para determinar el estado de salud", ha asegurado.

Asimismo, ha sostenido que la Fiscalía "ha atendido a quienes han denunciado haber sido víctimas de maltratos durante el proceso de detención y, una vez tomada la denuncia, de inmediato se ha dado inicio a la investigación".

"Por esta razón se han iniciado 42 averiguaciones penales contra funcionarios de distintos organismos de seguridad del Estado que se presume, en algunos casos, como responsables en la violación de los Derechos Humanos", ha destacado.

A este respecto, ha puntualizado que, del total de personas privadas de libertad, 14 son funcionarios de diferentes cuerpos de seguridad que estarían presuntamente involucrados en violaciones a los Derechos Humanos".

"Somos un Estado democrático, libre, independiente, y promotor de la paz nacional y mundial. Estamos regidos por los valores de libertad, igualdad, justicia", ha dicho, insistiendo en que "Venezuela no permitirá violaciones a los Derechos Humanos", por lo que quienes los hayan violado, serán castigados".

Crisis venezolana

La crisis política en Venezuela se desató hace un mes, cuando arrancaron las protestas antigubernamentales y la represión de las mismas por parte de las fuerzas de seguridad y de civiles armados, lo que ha dejado 28 muertos y cientos de heridos y detenidos.

Desde entonces, detractores y seguidores del Gobierno han marchado casi a diario para repudiar las acciones del contrario y llamar a un diálogo que aún no se ha producido porque la oposición exige antes la liberación de los detenidos, el desarme de grupos pro gubernamentales y el fin de la represión.

La inestabilidad de Venezuela ha llevado a sus vecinos regionales a reunirse para buscar una solución. La Organización de Estados Americanos (OEA) se ha limitado a hacer un llamamiento al diálogo, a pesar de que Panamá había solicitado medidas efectivas, lo que ha llevado a Venezuela a romper las relaciones bilaterales.

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) ha ido un paso más allá, expresando su respaldo al Gobierno de Maduro y anunciando la creación de una comisión conformada por los ministros de Exteriores del bloque regional para acompañar el diálogo en el marco de la Conferencia Nacional por la Paz.