El alcalde de Armilla (Granada), el socialista Gerardo Sánchez, ha defendido este jueves su actuación y ha mostrado su confianza en la acción de la justicia después de que la Fiscalía haya pedido para él un año de prisión, multa de 1.800 euros e inhabilitación especial para la profesión u oficio por seis meses por un posible delito contra el medio ambiente y los recursos naturales relacionado con los vertidos en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS).

En un comunicado, el alcalde ha recordado que Armilla es "el único ayuntamiento que depura el 100% sus aguas residuales" y ha trasladado su "sorpresa" por el "cambio de criterio" de la Fiscalía, que en septiembre de 2013 pedía el archivo de la causa.

Los hechos, según ha incidido, se originan por una denuncia del anterior alcalde, Antonio Ayllón (PP), que "encontrando las obras de saneamiento ejecutadas en su práctica totalidad y, exclusivamente, pendientes de su conexión a la red general, lejos de acometer esta última actuación se dedicó a retrasarla deliberadamente, dilatando el problema en el tiempo, e ignorando los sucesivos ofrecimientos de otras administraciones".

Sánchez ha señalado que el pasado mes de mayo de 2013, apenas cuatros meses después de retomar la Alcaldía con una moción de censura, quedó ejecutada esa conexión, obras que su antecesor "no ejecutó en los 19 meses en que fue alcalde", una prueba más, según ha dicho, "de la mala fe que, en todo momento, presidió su gestión".

Según destaca, la propia Fiscalía en su escrito de acusación provisional reconoce que "estos vertidos analizados fueron realizados cuando ya hacía unos nueve meses que Gerardo Sánchez había dejado de ser alcalde, y en consecuencia no tenía atribuciones para finalizar las obras".