El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha defendido la elección de la consulta en lugar de unas elecciones para conocer la representatividad de las organizaciones agrarias en el ámbito estatal, señalando que el objetivo de la norma es conocer las "preferencias" de los profesionales del sector sobre las entidades que deberán ser interlocutores del Gobierno, sin dejar fuera a ningún colectivo y dado que actualmente no hay "datos fiables".

En este sentido, ha recordado que la normativa actual, que prevé elecciones regionales, ha llevado a la situación de que "cerca del 50% de quienes ejercen esta actividad no hayan tenido oportunidad de votar desde 1978", lo que hace que "el Estado no tenga datos fiables hoy por hoy de la representatividad" de cada organización en todo el territorio nacional, sin el cual "no se puede establecer una interlocución adecuada".

"Este proyecto es pionero. Hasta ahora había procesos para elegir representantes en diferentes órganos y, a partir de esos resultados, de manera indirecta y sin seguir criterios ni claros ni homogéneos, decidir cuáles eran las más representativas. Ahora se regula una consulta para conocer el peso representativo real de cada organización con un procedimiento igualitario y transparente", ha insistido.

Consulta directa y simultánea

Por eso, Agricultura ha optado por un sistema de voto personal, directo y secreto de los agricultores, ya sean personas físicas o jurídicas, de forma presencial en las mesas habilitadas al efecto o mediante voto por correo. En concreto, se instalará una mesa de consulta en cada capital de provincia y tantas comarcales como sean necesarias para que no se superen los 1.400 electores.

La consulta se realizará cada cinco años en todo el territorio nacional de forma simultánea y a ella se podrán presentar las organizaciones profesionales agrarias de ámbito nacional constituidas y reconocidas al amparo de la Ley sobre regulación del derecho de asociación sindical.

Las organizaciones elegidas deberán haber superado el 15% de los votos válidos emitidos en todo el país y, además, el 5% en seis comunidades autónomas. La distribución de los representantes en el Consejo Agrario será proporcional a los votos obtenidos, y tendrán funciones consultivas del Gobierno.

La consulta se celebrará cada cinco años y servirá para determinar la composición del Consejo Agrario, órgano colegiado de carácter consultivo adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cuya finalidad es asesorar a la Administración General del Estado en las cuestiones de interés general agrario y rural.

"Este proyecto es necesario, porque establece por fin un procedimiento de consulta directa y simultánea en todo el país, basado en principios de transparencia y representatividad, con criterios comunes y garantía de convocatoria periódica", ha insistido Arias Cañete, apuntando que los resultados de la consulta serán tenidos en cuenta para conceder subvenciones y ayudas públicas.

Pocas garantías democráticas

Pese a estos argumentos, los partidos de la oposición se han reiterado en su rechazo a la norma y, junto a los cinco grupos (PSOE, IU-ICV-CHA, CiU, PNV y BNG) que han presentado enmienda de totalidad, se han manifestado el resto de formaciones, salvo UPyD y el PP.

Así, la socialista Laura Seara ha comenzado con un recuerdo para los pescadores desaparecidos frente a la costa asturiana y pidiendo al ministro que "escuche y respete" a los pescadores de cerco gallegos en lugar de "aporrearles". "Si éste es su último debate cambie de la tocata de un ritmo polémico, ruidoso y sin acuerdo", ha dicho, en referencia a la posible marcha de Arias Cañete a Bruselas tras las elecciones generales.

"Nadie reclamaba esta ley", ha continuado, recordando el "amplísimo consenso" que consiguió la actual normativa y que las leyes "no tienen sentido si sus destinatarios están en profundo desacuerdo". En este punto, ha señalado que una consulta no tiene suficientes garantías que debería amparar un proceso electoral y ha advertido de que "será imposible" que muchos agricultores puedan votar por la falta de mesas.

La socialista también ha advertido de que la falta de regulación de la campaña "beneficiará a las organizaciones con mayor apoyo político y económico" y ha criticado la ampliación del censo a cualquiera que posea tierra, lo que permitirá que vote por ejemplo la Iglesia.

El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), José Luis Centella, ha centrado su discurso en lo que este proyecto de ley refleja sobre lo que el PP "entiende por Democracia". "¿Para qué elecciones? ¡Hagamos consultas!", ha ironizado, parangonando el efecto que este sistema tendría por ejemplo en las próximas elecciones europeas en términos de transparencia, participación o garantías democráticas.

"Lo que está en juego no es sólo un texto de ley, sino el concepto de democracia, que está cada vez más vacío de contenido", ha insistido, pidiendo al ministro explicaciones sobre por qué es mejor una consulta que unas elecciones y argumentando que el "único objetivo de esta chapuza" es "tener la sartén por el mango" en la determinación de los resultados.

Proyecto centralizador

Marc Solsona, de CiU, ha dudado de la necesidad de aprobar una normativa nueva en lugar de "exigir" el cumplimiento de la actual y establecer mecanismos para su aplicación, pero en cualquier caso ha señalado que "si hay que hacer elecciones que se hagan pero con las máximas garantías democráticas", lo que este texto no garantiza. Además, ha criticado el carácter estatal de la elección, que "se orienta más al objetivo de concentrar la representatividad que a garantizar su pluralidad", y ha pedido elecciones con circunscripción autonómica.

El diputado del PNV Joseba Agirretxea ha señalado que "el quid de la cuestión es la consulta nacional", que supone imponer un "sistema centralizado y uniforme que elimina cualquier intervención de las comunidades autónomas pese a que tienen competencias exclusivas en materia agraria" y que confirma la concepción del Estado del PP, que ve a los gobiernos regionales como "meros delegados" del Ejecutivo central.

Tanto el representante 'jeltzale' como la portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila, han coincidido además en lamentar que se "deje fuera" del proceso a las organizaciones que no son estatales, y han expresado su discrepancia con el censo o con la falta de regulación para las campañas, entre otros argumentos.

Los enmendantes han recibido también el apoyo de Compromís-Equo, cuyo diputado, Joan Baldoví, ha lamentado que "una vez más las expectativas se vean defraudadas", mientras que Maite Ariztegi (Amaiur) cree que el proyecto no es necesario porque "ya existe un instrumento válido para medir la representatividad sindical". "Éste es el caramelo envenenado que nos deja Cañete en su despedida", ha añadido.

Sí es necesaria

Toni Cantó, de UPyD, sí cree que la ley es "necesaria" para conocer la representatividad a nivel estatal, y ha negado que sea recentralizadora. No obstante, ha reconocido no estar de acuerdo con todo el articulado, por lo que su grupo presentará enmiendas.

Por su parte, el 'popular' Bibiano Serrano ha asegurado que, ante una ley "totalmente obsoleta" como la actual, el Gobierno quiere "dar más legitimidad a las organizaciones agrarias" y "aclarar en las urnas cuáles son las más representativas de verdad" para que "exista una verdadera democracia en el campo".

El debate ha sido seguido desde la tribuna por representantes de las dos organizaciones agrarias mayoritarias del país, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).