Parlamento rechaza urgir a la Junta a abonar deudas con el sector de construcción y a derogar el decreto del litoral

El Pleno del Parlamento ha rechazado este jueves con los votos en contra de PSOE-A e IULV-CA una proposición no de ley defendida por el PP-A en la que se pedía que la Cámara andaluza instara a la Junta a abonar "con carácter inmediato" las deudas pendientes con el sector de la construcción derivadas de obra civil y edificación y a derogar el decreto ley de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral para buscar un consenso "compatible" con el impulso al "impulso a la actividad económica generadora de empleo del sector de la construcción".

En defensa de la iniciativa, la diputada del PP-A Alicia Martínez ha subrayado la importancia de la construcción en Andalucía, "que ha llegado a suponer hasta un 23 por ciento del PIB y a emplear a 500.000 andaluces", y ha lamentado que PSOE-A e IULV-CA, "perdidos en el debate sobre el nuevo modelo productivo, no hayan sabido defender a este sector vital, negando a la construcción durante años el puesto de importancia que tiene en nuestra comunidad".

Entre otras medidas para la "reactivación" del sector, el Grupo Popular planteaba a la Junta abonar "de inmediato" la deuda con beneficiarios y promotores por ayudas pendientes de abono antes de la entrada en vigor del nuevo Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación; impulsar un programa de construcción de vivienda social en alquiler; y poner en marcha de un nuevo plan de colaboración público-privada que sustituya al aprobado en la anterior legislatura con el que "financiar infraestructuras generadoras de actividad económica y empleo".

"Son todas medidas perfectamente asumibles por parte de la Junta de Andalucía", ha apostillado Martínez para reclamar, asimismo, la derogación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) por las "limitaciones que ha establecido para el desarrollo económico y la generación de empleo en la construcción", así como la "revisión de las normas urbanísticas y de ordenación del territorio aprobadas en las últimas décadas".

Tras asegurar que el Gobierno de Mariano Rajoy está "intentando tapar el agujero de 40.000 millones de euros que el PSOE dejó en Fomento", ha lamentado que la Junta "siempre busque a los culpables fuera de Andalucía" y no ejerza su capacidad "de autogobierno". "La realidad es que la Junta es la única administración que sigue recortando en obra pública mientras que es el Gobierno de Mariano Rajoy y los Ayuntamientos los que incrementan su esfuerzo en la materia", ha agregado.

PSOE-A E IULV-

Ca lo ven incoherente

Por su parte, el diputado del PSOE-A Enrique Benítez ha justificado el rechazo de su grupo a la iniciativa popular en que no aporta medidas concretas, sino que más bien parece una "piedra filosofal de la construcción" y ni siquiera es coherente con lo que los populares hacen allí donde gobiernan.

Ha insistido en que se trata de una iniciativa "inconsistente", "de cara a la galería" y que parece que pretende "la cuadratura del círculo, "como si el dinero saliera de debajo de las piedras". Ha insistido en que es un "brindis al sol" y ha destacado que desde la Junta sí se están poniendo en marcha medidas concretas que están intentando ir en la buena dirección.

Finalmente, la diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha asegurado que su formación no comparte las soluciones aportadas por el PP-A en esta iniciativa y ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz no ha "satanizado" al sector de la construcción, sino que apuesta por una reconversión del mismo, con un impulso de las políticas de rehabilitación "implementadas desde el inicio de la legislatura".

Nieto ha indicado que la construcción de vivienda nueva que propone el PP-A no es el modelo ni la fórmula que defiende IULV-CA porque existen 700.000 viviendas vacías en la Comunidad en estos momentos. Además, ha lamentado que el recurso del Gobierno al Tribunal Constitucional (TC) por la ley de la función social de la vivienda, "nos ha privado de fondos que podríamos haber recuperado para políticas de vivienda".

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