El director general de Memoria Democrática de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, Luis Naranjo, ha confirmado este jueves en Jaén que placas en las que se hable de "hordas marxistas" como puede haber en la Catedral jiennense tendrán que ser quitadas en aplicación del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía cuyo anteproyecto ha presentado esta semana el Consejo de Gobierno autonómico.

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa para presentar dicha normativa en la que ha estado acompañado de la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Purificación Gálvez, y de la responsable provincial de la Oficina de la Vicepresidencia, Marisol Gutiérrez, Naranjo ha subrayado que la ley que prepara el Ejecutivo autonómico "profundiza" en la aprobada a nivel estatal en el año 2007 y "deja claro que una catedral o una iglesia es un espacio de uso público", susceptibles, por tanto, de que en ellas se proceda a la retirada de símbolos que "exalten el franquismo o el golpe de 1936".

"Una placa que habla de hordas marxistas hay que quitarla", ha sentenciado en ese sentido el responsable de Memoria Democrática, que espera que "no sea necesario presionar" a la Iglesia católica para que proceda a esas actuaciones y "aplique las virtudes cristianas" para, "de oficio", retirar esos símbolos.

En la misma línea se había pronunciado con anterioridad, en declaraciones a los periodistas antes de presentar las previsiones y objetivos de 'Andalucía Emprende' en Jaén, la delegada del Gobierno andaluz, Purificación Gálvez, quien, cuestionada en concreto por símbolos como el 'monumento a los caídos' en el exterior de la Parroquia de la Asunción del municipio jiennense de Porcuna o "cuatro placas" en la Catedral de la capital, ha indicado que la nueva ley es "muy contundente y muy clarita", de forma que "si la titularidad de los edificios donde aparece esta simbología no cumple la ley, subsidiariamente la Junta tomará las medidas pertinentes para el cumplimiento efectivo de la norma".

Además, y tras recordar que se ha fijado un periodo de transición de 18 meses para que se retiren esos símbolos antes de que la Junta proceda a ello de oficio, la delegada también ha apuntado que "no hay diferencia" entre que éstos se encuentren "en las fachadas" de edificio o en su interior, ya que, en todo caso, afectan a "un espacio público donde acceden las personas".

En la rueda de prensa en Jaén, Luis Naranjo ha puesto como ejemplo de símbolo que, pese a estar en el interior de un edificio, deba ser retirado el de una "lápida conmemorativa del Alzamiento en el interior de una iglesia". "Según la ley, hay que quitarla porque tiene una proyección en un espacio público", ha confirmado antes de indicar, además, que el que ese objeto tenga "valores artísticos o estéticos" tampoco será "obstáculo para su eliminación".

El director general de Memoria Democrática no ha podido concretar el número de símbolos franquistas que puede haber en la provincia, ya que, según ha indicado, la Junta está actualmente recabando esa información a través de "todos los ayuntamientos", a los que ha remitido cartas para que les faciliten "qué simbología queda" en sus respectivos municipios.

"claves relevantes" de la ley

Con todo, ha avanzado que habrá "cientos" en el conjunto de la comunidad porque "la represión que se ejerció en Andalucía" y "el baño de sangre" que se registró en esa región "no tiene parangón", en opinión de Naranjo, que en su intervención se ha detenido a detallar las "claves relevantes que sustentan el aparato de la ley", con la que, según ha manifestado, se busca "normalizar la cuestión de la memoria" y "quitarle su carácter de excepcionalidad".

Se trata, según ha defendido, del "ejercicio de un derecho humano fundamental, el de un pueblo a conocer su pasado" y a "no repetir episodios negros" de su historia, por lo que la ley "no mira sólo al pasado, sino también al futuro".

En ese sentido, ha señalado que se va a elaborar "un censo oficial de víctimas" para "oficializar la verdad", así como ha confirmado que la Junta de Andalucía, "de oficio", podrá realizar exhumaciones, que también podrán llevarse a cabo a instancia de "asociaciones, familiares, víctimas o grupos de estudios historiográficos vinculados a la memoria, pero siempre con autorización de la Junta y con un seguimiento de un comité técnico", según ha apuntado.

Naranjo también se ha referido a los Lugares de Memoria —entre los que figuran, en la provincia de Jaén, el Refugio Antiaéreo de la capital, los vestigios de la batalla de Lopera y las fosas comunes de los cementerios de Andújar, Martos, Linares y Úbeda—, que "tendrán un estatuto de protección especial para garantizar que se conservan en las condiciones idóneas".

También se ha referido como "aspectos clave" de la normativa a la posibilidad de llevar a cabo expropiaciones "puntuales y transitorias" del uso de terrenos privados "si el propietario no da su consentimiento", la creación del Consejo Andaluz de la Memoria Democrática, el Instituto de la Memoria Democrática y un Plan de Memoria Democrática cuatrienal que se complementará con planes anuales.

En materia educativa, Naranjo ha recordado que la Junta pretende incluir la Memoria Democrática en el currículum de la Educación Secundaria Obligatoria, del Bachillerato y de la Educación Permanente de personas adultas para realizar un "trasvase" a las aulas de la "investigación del relato veraz y metodológicamente fundamentado" del pasado, para que se produzca, según ha apuntado, una "socialización de la memoria".

La junta "marca la diferencia"

Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz, Purificación Gálvez, ha subrayado que con esta ley la Junta "marca la diferencia" y va a permitir "recoger las aspiraciones de miles de personas a los principios de verdad, justicia y reparación".

Además, ha subrayado que la ley, de seis títulos y de "carácter transversal" —ya que ha implicado el concurso de siete consejerías del Gobierno andaluz— "amplía el horizonte temporal" que marcaba la ley estatal de Memoria Histórica, abarcando desde el 14 de abril de 1931, fecha de proclamación de la Segunda República, hasta el 11 de enero de 1982, con la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía andaluz.

Por último, la responsable de la Oficina de la Vicepresidencia en Jaén, Marisol Gutiérrez, ha subrayado en la misma rueda de prensa que esta norma "defiende los principios de verdad, justicia y reparación, salda una deuda con las víctimas de represión y la dictadura, pretende cerrar las heridas aún abiertas, y recordar y honrar a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil, lucharon contra la dictadura y por alcanzar la autonomía".