Castilla y León ha remitido un documento al Ministerio de Hacienda en el que demuestra con "datos objetivos" que, a diferencia de lo que se ha afirmado en alguna ocasión, la Región castellanoleonesa "no está sobrefinanciada" y necesita más recursos para prestar en condiciones de igualdad y calidad los servicios públicos esenciales (sanidad, educación y servicios sociales) y las 112 competencias que tiene delegadas por diversos reales decretos, como prevención de incendios o conservación del patrimonio histórico y artístico.

Este documento, organizado en siete capítulos y con 70 páginas de extensión, revela que, además de la insuficiencia del actual modelo para cubrir los servicios públicos esenciales y a los que se destina el 80 por ciento del gasto de las consejerías, como ha explicado en diversas ocasiones el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el actual sistema de financiación autonómica "deja en el olvido" y "sin soporte" el 20 por ciento restante de las competencias que ejerce la Comunidad, entre las que destacan también el mantenimiento de carreteras o los gastos de agricultura y ganadería.

En este sentido, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha considerado "imprescindible" ponderar adecuadamente y al alza los factores no poblacionales, como son la dispersión, la baja densidad, el envejecimiento o la extensión, criterios recogidos en el Estatuto de Autonomía y que hacen que la prestación de los servicios esenciales en condiciones de igualdad cueste más en Castilla y León.

En concreto y según la evaluación del sistema de financiación autonómica de 2009 elaborada por la Junta, esos factores no poblacionales tienen menos peso en el actual modelo que en el anterior "lo que lleva que únicamente el 2,4 por ciento de los fondos se distribuyan en función de esos criterios geográficos a pesar de su incidencia evidente en el coste real de la sanidad, la educación y los servicios sociales, los tres que más importan a los ciudadanos".

Del Olmo ha puesto como ejemplo el hecho de que una persona mayor de 75 años, grupo más numeroso en Castilla y León que en el resto del país, gaste hasta cinco veces más en sanidad que otra de 40 años, lo que supone que consumen el 31 por ciento de los recursos sanitarios de la Comunidad, ocho puntos más que en España. Según sus cálculos, con una estructura de edad en Castilla y León similar a la media el gasto sanitario se reduciría en 425 millones en la Región, un 11 por ciento.

La consejera ha trasladado este caso a la dispersión lo que hace que la ratio de médicos de familia en Castilla y León (932 por cada millón de habitantes frente a los 607 del promedio nacional) sea superior a la media y que la Región acapare el 35 por ciento de los consultorios locales del país. A pesar de estos, ha lamentado Del Olmo, los castellanoleoneses recorren una distancia media mayor que en el resto del país (10,6 kilómetros frente a 7,6) para acudir a un centro de salud.

"Es decir, que aunque la Junta realiza un esfuerzo muy superior al de otras administraciones, los castellanoleoneses deben desplazarse más que otros españoles para acceder a algo tan básico como la sanidad", ha advertido de la consejera.

En el caso de la Educación, la consejera ha cuestionado que el modelo vigente no tenga en cuenta el número real de alumnos de Castilla y León (el 5,4 por ciento del total), sino la población de 0 a 16 años (que asciende al 4,7 por ciento), lo que implica que dejan de computarse usuarios de la educación autonómica.

Según la evaluación de la Junta, el modelo tampoco pondera la dispersión, "que tiene una incidencia todavía mayor que en la sanidad porque por definición la enseñanza se utiliza a diario y no ocasionalmente". Algunas "cifras significativas" evidenciadas por la consejera son que para atender al 4,7 por ciento de los estudiantes de centros públicos de España la Junta sufraga el 5,7 por ciento de colegios e institutos públicos del país y el mismo porcentaje de profesores.

"Con todo y con eso, los alumnos de la Comunidad se mueven más kilómetros que la media para acudir a clase y prueba de ello es lo que ocurre con los institutos ya que la distancia que cubren es el 60 por ciento superior al promedio, en concreto 11,5 kilómetros frente a 7,2", ha precisado la titular de Hacienda.

En materia de servicios sociales Del Olmo ha aclarado que el sistema aprobado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero no incluye ninguna aportación estatal para garantizar la correcta aplicación de la Ley de Dependencia. "Por si fuera poco —ha cuestionado— como variables de medición de esta parcela de gasto se utilizan exclusivamente la población potencialmente dependiente -lo que a la Junta le resulta incomprensible, teniendo en cuenta que existen datos ciertos sobre las personas atendidas- y los mayores de 65 años".

Del Olmo ha advertido también de que una vez más no se contempla el coste adicional asociado a la dispersión que en Castilla y León hace necesarios muchos más centros que la media, en especial en el medio rural. Así, dos tercios de las plazas residenciales que paga la Junta están en los pueblos.

Impuestos agotados

Por otro lado, la consejera ha desvinculado la presentación de esta evaluación del actual modelo de financiación autonómica de una balanza fiscal que, según sus palabras, "no tiene nada de nada de nada" que ver, y ha aprovechado la ocasión también para advertir de que las autonomías de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra) no tienen "ninguna posibilidad" de corregir la falta de suficiencia del modelo, "ya que los impuestos sobre los que pueden decidir están agotados debido a que en su mayor caso están ligados al sector inmobiliario, el más afectado por la crisis".

Según Del Olmo, las estadísticas son "palmarias" ya que mientras en 1999 esas figuras tributarias representaban el 14,1 por ciento de la financiación total del sistema en 2011 este porcentaje se limitaba a sólo el 8,6 por ciento, lo que supone un descenso del 39 por ciento.

Del Olmo ha hecho especial hincapié en la situación de "injusticia" que generan el "cálculo incorrecto" del cupo vasco y la aportación navarra y que tiene como resultado "una clara sobrefinanciación de esos territorios". Así, ha puesto sobre la mesa el último dato disponible de 2010 según el cual las comunidades forales disponen de una media de 4.829 euros por habitante, el 75 por ciento más que las de régimen común que deben "conformarse" con 2.763 euros por ciudadano.

"Por si fuera poco la capacidad de País Vasco y Navarra para fijar su propia normativa tributaria -que se niega al resto- provoca situaciones de falta de equidad que repercuten negativamente en las demás regiones y, en especial, en aquellas que limitan con ellas, como ocurre con Castilla y León", ha manifestado la consejera, que ha explicado que esa sobrefinanciación hace que no tengan necesidad de implantar algunos impuestos, como el tramo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos.

"Están obligados a compensar lo que no se ha producido en cinco años y que supone una clara deslealtad", ha reclamado Del Olmo.

La evaluación de este modelo ha centrado la reunión del Consejo de Gobierno de este jueves ante el reconocimiento de la Junta de que se juega "el futuro" en la revisión del sistema este mismo año, si bien ha considerado necesario modificar "el modelo más complejo, oscuro y menos transparente de la historia de la Democracia" y que no ha beneficiado a Castilla y León, la cuarta comunidad que más ha peso relativo ha perdido (-10,11 por ciento).

En este asunto ha abogado por un nuevo modelo que, en línea con lo establecido en la UE, destine más parte de la tarta a las propias comunidades autónomas.