La familia de Enrique Crespo, expresidente de Emarsa y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, ha indicado al juez del 'caso Emarsa' distintas cuentas y productos financieros sobre los que interesa el bloqueo, y reclama que acuerde el alza sobre el resto de bienes de los que son titulares.

Así consta en una providencia, con fecha 13 de marzo, dictada por el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que investiga un agujero económico millonario en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia).

En concreto, el juez acuerda unir al procedimiento un escrito de fecha 4 de marzo del letrado de los padres y hermano de Enrique Crespo —Enrique Crespo García, María Ángeles Calatrava y Carlos Crespo— en el que señala una serie de cuentas y restantes productos financieros de sus representados.

Y, al respecto, señala al juez que estos son los bienes que habrán de quedar afectados por las medidas cautelares reales adoptadas por el juzgado y sobre los que interesa que se mantenga el bloqueo trabado. Así mismo, requiere que se acuerde alzar y dejar sin efecto los bloqueos acordados sobre el resto de bienes de los que son titulares al exceder del importe judicialmente acordado.

Por otro lado, Carlos Crespo también pide al magistrado, en otro escrito paralelo, que cite de nuevo a declarar como imputado a su hermano, Enrique Crespo, y sobre este requerimiento el juez acuerda dar traslado al resto de partes de la causa para que se pronuncien. Además, solicita otra testifical.

La familia Crespo está imputada en la pieza separada número 2 del 'caso Emarsa', en relación con el cobro de 22.770.000 euros del segundo premio de la lotería de Navidad de 2011. En el momento de la imputación, el magistrado apuntó que existían "sospechas" para considerar que Enrique Crespo pudo derivar a sus familiares el cobro de parte de la lotería que le había tocado a él para eludir las responsabilidades civiles derivadas de su imputación en la causa.

La pieza en la que están imputados los familiares de Crespo se originó a partir de un escrito del fiscal, en el que interesaba una investigación para averiguar si Enrique Crespo había intervenido de cualquier manera en la contratación de alguno de los productos destinados al depósito o custodia de billetes de lotería premiados y de cualquier producto bancario o contrato atípico dirigido a la protección, custodia o depósito de objetos de cierto valor económico, tales como cajas de seguridad o similares.

El objetivo era averiguar si en realidad a Enrique Crespo le había tocado tan solo un décimo de lotería en 2011, como declaró, o muchos más, cuyo cobro podría haber derivado a sus padres y hermano para eludir las responsabilidades civiles que puedan derivarse de la causa en la que está imputado, el 'caso Emarsa'.

Enrique Crespo fue imputado en este procedimiento en octubre de 2011 acusado de cuatro delitos contra la Hacienda Pública, un delito contable y un delito continuado de falsedad en documento mercantil; y posteriormente, el magistrado le impuso una fianza de 25 millones de euros, por las responsabilidades que pudieran derivarse en el procedimiento.