La Junta de Andalucía prevé poner en funcionamiento el Instituto público de crédito andaluz a finales de 2014 o inicios de 2015, toda vez que prevé que el anteproyecto de ley de dicho instituto entre en el Parlamento andaluz a finales de este mes o inicios del próximo mes de abril, según ha indicado la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero.

En una entrevista con Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Montero ha resaltado que el instituto andaluz de crédito, que se impulsará a través de una ley, "es un instrumento financiero que trata de dar respuesta a lo que demandan las empresas de forma más urgente, esto es, que el crédito llegue a las pymes, pues todavía los bancos no prestan dinero para iniciativas, aunque tengan viabilidad o perspectivas de que el mercado las acoja de buen grado".

De esta forma, el instituto será "un instrumento rápido que hará que estas iniciativas y pequeños emprendedores puedan tener acceso al crédito" y contará con 1.400 millones de euros de fondos reembolsables, que se prestarán a las empresas en función de la viabilidad de sus proyectos.

Montero lamenta que el PP en esta iniciativa "ha mantenido una posición rara, con un sí pero no y un no pero sí, cuando es una realidad que existen este tipo de instrumentos financieros en Europa, no es algo excéntrico, pues se ha visto la necesidad de que existan este tipo de herramientas, y sólo la banca privada se opone a que existan mecanismos públicos de financiación de las empresas".

La consejera ha dejado claro que si no se han ejecutado la totalidad de fondos reembolsables "no se debe a que no hay capacidad de poder desarrollarlo, sino que las empresas no cumplen con los requisitos que se establecen para garantizar que el dinero que se presta tenga garantías de ser devuelto", ante lo que lamenta que el PP "nos exige ser muy cautos a la hora de prestar, pero cuando esos mecanismos de garantía provocan que una parte no se pueda desarrollar también nos critica".

Montero aludió al sistema de financiación autonómica, para la que "no es un debate más" y sobre el que "hay que estar pendientes para conocer cómo se va a sostener la educación, sanidad o la dependencia, competencias propias d las comunidades".

Ha recordado la presentación efectuada hace varios días del diagnóstico de cómo se ha comportado el modelo, recordando que "solo en comparación con la media de lo que han recibido las comunidades, Andalucía ha dejado de percibir 2.800 millones de euros en el período 2009-2011", por lo que espera que el nuevo modelo de financiación "cumpla con los criterios constitucionales y el modelo tienda a la convergencia y la homogeneidad entre regiones".

Sobre las balanzas fiscales, Montero cree que el debate sobre balanzas fiscales "pueda clarificar la situación de la financiación autonómica, sino que las distorsiona", toda vez que "hay tantas balanzas fiscales como intereses de los territorios para mostrarse agraviado en el sistema de financiación".

"Hay balanzas fiscales a la carta del que las presenta y nos parece más riguroso atender a como los criterios del modelo han evolucionado, poder detenernos en los mecanismos que no funcionan y alejarnos de debates que pretenden enfrentar a un territorio con otro", ha aseverado la consejera, quien reconoce que "todos en este momento aspiramos a tener mayor y mejor financiación en cada uno de nuestros territorios, al ser la financiación autonómica insuficiente y los que perdemos tendremos que recibir fondos a costa de otros; sobre la mesa nos jugamos mucho".

Preguntada por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la consejera considera que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro "intenta confundir" y le pide que "sea "más leal", toda vez que "a Andalucía no le han regalado ni 15.000 ni 20.000 millones, sino que nos ha prestado dinero y hemos pagado 4.100 millones de intereses".

En ese sentido, ha indicado que de esos 4.100 millones de intereses, "el Gobierno central se ha quedado con 250 millones de euros a Andalucía, recargo que se lo queda el Estado por las gestiones de tramitación, en concepto de gestión de los prestamos".

Montero considera que el camino entre el Gobierno central y el andaluz en materia de financiación "está lleno de minas" y lamenta que no conoce el planteamiento oficial de cual será la política a desarrollar, pues Montoro "no ha definido cuál será su hoja de ruta".

A su juicio, el Gobierno "no está liderando el debate sobre el modelo de financiación, que no puede ser una jaula de grillos donde cada comunidad plantee su posición, sino que debería ser más riguroso y trabajar sobre documentos". Ha insistido en ese sentido que la propuesta de Andalucía se centra en plantear que "si las comunidades somos las responsables de proporcionar servicios como sanidad o educación o dependencia, sea lógico que se contemplen esos costes".

Montero reconoce que ciertas leyes y normas aprobadas por el Gobierno "con nocturnidad y alevosía" son "una intervención en toda regla" y alguna han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional por "invadir competencias de Andalucía", toa vez que "a veces es excesivo el aliento que se pone por parte del Gobierno central para que las políticas se dirijan en torno a los valores y creencia de su Gobierno y su ideología", frente a lo que la Junta "no practica la confrontación, sino la defensa de los valores de Andalucía".

Reforma fiscal

Montero lamenta asimismo que en la reforma del sistema fiscal "las comunidades no han tenido capacidad de saber cuales son los planes del Gobierno, aunque nos hubiera gustado ser oídos y ser consultados, para aportar nuestra opinión, pero solo conocemos los titulares de prensa".

"Me parece insólito que no tengamos una propuesta global sobre la mesa, pero realmente no está globalmente presentado, no lo conocemos y tendremos que ver si la iniciativa del Gobierno está avalado por las indicaciones que tenemos de la UE, que indica que no es posible disminuir el volumen de ingresos porque es difícil seguir recortando gastos", ha agregado la consejera, quien destaca que Andalucía "ha hecho un esfuerzo importantísimo para bajar el nivel de gastos, y habrá que compatibilizarlo con ser capaces de seguir recaudando impuestos".

En ese sentido, asegura que compartirá una reforma "siempre que haya bajada en rentas bajas, que permitan las familias puedan vivir con desahogo", aunque insiste en que "parece mentira que la Junta no conozca el contenido de la reforma" y demanda al Gobierno que salga de la estrategia electoralista y haga una propuesta coherente, y que aquellas rentas bajas estén en mejores condiciones y las rentas más altas contribuyan desde la solidaridad a mejor acceso a derechos fundamentales".

Montero cree que se puede plantear la vocación de las comunidades de incrementar su capacidad y autonomía tributaria, peor alerta de que "sólo se puede tener mayor autonomía tributaria y financiera cuando se tengan suficientes recursos para garantizar servicios como dependencia o educación".

"Subiendo el tramo del IRPF autonómico, se puede tener una visión distorsionada de qué comunidad hace más esfuerzo, cuando realmente la recaudación no es lo mismo si hay muchos ciudadanos con alta renta frente a pocos ciudadanos en Andalucía, pues la distribución de la renta en las comunidades condiciona mucho la capacidad de recaudación de impuestos", ha aseverado la consejera.