La diputada del PP-A Rosario Soto ha lamentado que desde que gobierna en Andalucía el bipartito PSOE e IU "se haya reducido en 35 millones de euros" el presupuesto destinado al sistema de protección de la infancia, un recorte, que a su juicio, es el "más graves" que ha llevado a cabo la presidente de la Junta, Susana Díaz, a la que exige "de manera urgente" que se restablezcan para los menores los derechos y el presupuesto del año 2012.

Soto se ha pronunciado así en el Pleno del Parlamento después de que la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, respondiese, al ser preguntada por este tema, que el sistema de protección de menores "esta garantizado". En este sentido, Soto ha añadido que es el recorte "más grave" de Díaz, "no por que afecte a cientos de trabajadores sino que afecta a niños de cuatro, cinco, seis o siete años, adolescentes e incluso bebés que han sufrido situaciones de desprotección o maltrato".

"Hoy más que nunca quisiera estar equivocada", porque "no tienen excusa para recortar y desatender a aquellos que no pueden protestar, y desatender de este modo el sufrimiento", lamenta Soto, que insiste en que la presidenta de la Junta "está desamparando aún más a los más desamparados". Por tanto, el PP-A exige "de manera urgente" al Gobierno andaluz que "restablezca para los menores los derechos y el presupuesto del año 2012".

Por su parte, Sánchez Rubio ha señalado que Andalucía ha incrementado en más de un 22 por ciento la consignación presupuestaria para el acogimiento familiar con respecto a 2013, al tiempo que ha apuntado que en 2014 se ha mantenido, además, la inversión en todas las políticas preventivas con familias en situación de riesgo.

Así, la consejera ha insistido que "la atención a los menores está garantizada" y ha explicado que las políticas preventivas llevadas a cabo con familias en situación de riesgo han permitido reducir en un 11,29 por ciento el número de tutelas en los últimos cinco años, lo que unido a la menor llegada de menores inmigrantes y el fomento del acogimiento familiar, ha contribuido a una disminución de la cifra de menores tutelados y de menores en centros residenciales de protección, lo que requiere una "optimización de los recursos" en tanto en cuanto "había un número de plazas que no se ocupaban y que generaban el mismo gasto que si estuviesen ocupadas".

Según ha señalado Sánchez Rubio, esto permitirá "destinar medios a incrementar la inversión en acogimiento familiar y en prevención".

Además, afirma que los expertos apoyan que un entorno familiar normalizado es mejor para el desarrollo de los menores que los institucionalizados. Si bien, ha apuntado que "se mantiene un margen de seguridad en plazas libres para dar respuesta a posibles necesidades imprevistas".

Por último, Sánchez Rubio ha asegurado que el número de menores en acogimiento familiar ha pasado de los 3.238 en 2008 a los 6.173 de 2013, lo que ha supuesto duplicar el número de menores en esta situación, lo que la consejera ha valorado como "un buen indicador de que se están alcanzando los objetivos propuestos".