La Asociación de Perjudicados por Entidades Financieras (Apdef) espera recuperar en las provincias de Lleida y Tarragona 9 millones de euros de clientes afectados por la venta de participaciones preferentes, ha informado este jueves la entidad en un comunicado.

El vicepresidente de la asociación, Antoni Cudós —cuya consultoría pertenece a la Apdef y tramita demandas en ambas provincias—, cifra en 4,5 millones el valor de las demandas de socios de Lleida y en otros 4,5 el valor de los de Tarragona.

En los juzgados de Lleida se han presentado unas 200 demandas, de las que 10 ya están resueltas, con una estimación total de la petición que hacían los afectados, y la asociación espera respuesta de ocho demandas y los juzgados no han desestimado ninguna.

Según sus datos, se han recuperado 600.000 euros invertidos en preferentes y prevé recuperar hasta 9 millones de euros, y el perfil de los clientes es de personas ahorradoras, poco especuladoras, de diversas edades y perfiles de formación.

Entre los casos tratados, la asociación destaca una familia que contrató la hipoteca en el mismo banco donde tenía las preferentes y que no podía pagar las cuotas de hipoteca pese a tener el dinero suficiente en preferentes.

La Apdef de Lleida también trabaja en unas 50 demandas que reclaman la nulidad por la compra de acciones en Bankia.

Actualmente, esta asociación ha presentado 60 demandas similares en diferentes puntos de España: Madrid (12), Barcelona (12), y presentará en Valencia (30) y Girona (6).

En España hay 300.000 afectados por la compra de este tipo de acciones, señala la entidad, que afirma que Bankia recogió 3.000 millones de euros con la emisión de estas acciones en bolsa.

Desde su creación en julio de 2012, la Apdef ha presentado 972 demandas en toda España relacionadas con la venta de preferentes —843 se han tramitado en Catalunya—, y prevé superar las 1.200 en los próximos meses.

La Apdef quiere extender la asociación a todo el Estado —tiene presencia en 34 ciudades— y, con las demandas presentadas, espera recuperar unos 46 millones de euros de clientes afectados por la contratación de preferentes.