El delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Francisco Javier Fernández, ha defendido este miércoles los informes desfavorables emitidos por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, sobre diversas modificaciones del planeamiento urbano promovidas por el Ayuntamiento hispalense, gobernado por Juan Ignacio Zoido (PP). Francisco Javier Fernández ha encuadrado estos informes en el trabajo "profesional" de la comisión, ha negado un "bloqueo" por motivos políticos y ha avisado de que las revisiones del planeamiento urbano requieren "consenso".

Francisco Javier Fernández y el delegado territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Díaz Morillo, han celebrado este miércoles una rueda de prensa para evaluar el trabajo de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, tras lo cual ha defendido los informes desfavorables emitidos por este organismo sobre la modificación puntual número dos promovida por el Ayuntamiento de Sevilla sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006, pues dichos informes, entre otros aspectos, censuraban la autorización de nuevos aparcamientos subterráneos de rotación en el casco histórico y el cambio de calificación proyectado para la antigua comisaría del entorno de la Gavidia.

Sobre los cambios de calificación propuestos para la finca perteneciente a la antigua comisaría de la Policía Nacional de la Gavidia, actualmente declarada como Suelo de Interés Público y Social (SIPS) y donde el Gobierno municipal prevé la construcción de una gran superficie comercial, Fernández ha defendido el informe desfavorable de la Comisión provincial de Patrimonio Histórico, que alegaba una "alteración sustancial de la ordenación estructural" dispuesta para el casco histórico por la memoria de ordenación del PGOU. "El PGOU fue pensado con idea de pequeños comercios en el casco histórico, no grandes superficies comerciales", ha manifestado señalando además la "conservación ambiental, visual" y de movilidad que necesita el centro de la ciudad.

No "a costa de cualquier cosa"

En ese sentido, ha señalado el hipotético impacto de una nueva gran superficie en el centro de la ciudad, pues, a su juicio, "el empleo es prioritario, pero no a costa de cualquier cosa", toda vez que, de cualquier modo, se trataba de una "modificación estructural" y no puntual del planeamiento urbano.

Sobre la eliminación del artículo del PGOU que prohíbe la construcción de nuevos aparcamientos subterráneos de rotación en el casco histórico, aspecto recogido en la citada propuesta de modificación del planeamiento urbano y también informado desfavorablemente por la Comisión provincial de Patrimonio Histórico, Fernández ha defendido la tesis de este organismo, que en aquel informe señalaba que tal idea suponía "una alteración del modelo de accesibilidad al conjunto histórico y del sistema de aparcamientos previsto para este ámbito".

Así, ha defendido la "imparcialidad e independencia" de los técnicos y representantes de la Comisión provincial de Patrimonio Histórico, asegurando que sus informes derivan de la aplicación "seria, profesional y rigurosa" de las leyes y normativas, negando así el "bloqueo" que el Gobierno municipal de Juan Ignacio Zoido atribuye a la Administración andaluza cuando ésta revisa sus iniciativas.

En cuanto a la modificación del planeamiento urbano que ahora promueve el Ayuntamiento, para transformar en un puente para el tráfico rodado la pasarela que el PGOU recoge entre la isla de la Cartuja y la calle Torneo, Fernández explica que se trata de una iniciativa que también "tendrá que pasar por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico", si bien la administración andaluza aún espera que el Ayuntamiento entregue determinados documentos. Pero más allá de este puente, Fernández considera que el entorno requiere de "un estudio serio de movilidad" para afrontar la apertura de la torre de 178 metros diseñada por César Pelli en el sector sur de la isla de la Cartuja.

"Sevilla, con el PGOU de 2006, tomó una decisión consensuada y con participación de sus vecinos", dice el delegado del Gobierno andaluz, según el cual una modificación del planeamiento urbano "se debe atener a esas mismas reglas del juego".