La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha trasladado este miércoles su idea de abordar la negociación de un nuevo acuerdo de concertación antes de las elecciones europeas del próximo 25 de mayo a los máximos responsables de CEA, CCOO y UGT, que le han expresado su oposición a incluir a los partidos políticos, aunque los sindicatos sí se han mostrado abiertos a incorporar a la economía social.

Díaz se ha reunido por separado con los secretarios generales de CCOO-A, Francisco Carbonero, y UGT-A, Carmen Castilla, y el presidente de la CEA, Javier González de Lara, dentro de una ronda de contactos para impulsar la estrategia de recuperación económica.

Así, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha anunciado tras los encuentros que la Junta espera acometer con "urgencia" una mejora en el modelo vigente de concertación social, algo que esperan abordar antes de la celebración de las elecciones europeas del 25 de mayo.

Por su parte, tanto los sindicatos mayoritarios como la patronal andaluza se han mostrado de acuerdo en contar con los agentes socioeconómicos que están legitimados por ley para la nueva concertación, si bien se han mostrado contrarios a incorporar al debate a los partidos y a las corporaciones locales.

A este respecto, el portavoz de la Junta ha asegurado que "no predefinirá ni prejuzgará nada" en cuanto a composición y contenido de dichos acuerdos, algo que "habrá que abordar con el diálogo", de forma que considera que "la concertación social será lo que queramos los que estemos".

Dinamizar la economía

Por su parte, CCOO y UGT, que han mantenido encuentros con la presidenta de la Junta por separado, han llamado la atención sobre la necesidad de poner en marcha medidas concretas para dinamizar la economía y generar empleo.

Así, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha apuntado que la presidenta de la Junta le ha presentado un documento sobre el diagnóstico del sistema de financiación autonómica y han quedado en hablar sobre esto. "Será un debate a nivel estatal importante e imprescindible, pero donde Andalucía se juega mucho", ha señalado.

En este sentido, ambas partes han quedado en comenzar a trabajar sobre un modelo de financiación autonómica que "garantice la igualdad de los andaluces con el conjunto de ciudadanos, que cohesione este país en lo territorial, en las personas y que abra expectativas de dinamización de la economía para mantener un modelo social más igualitario".

Además, también ha reclamado la eliminación de barreras burocráticas para "facilitar la creación de empleo" y el combate contra la economía sumergida, ya que es "una forma de generar empleo e ingresar más dinero en arcas públicas". "Los trabajadores son víctimas de ello, la economía sumergida la entendemos como el aprovechamiento de unos sobre vulneración de otros".

Por su parte, la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, quien ha mantenido su primera reunión con Díaz, ha llamado la atención sobre la necesidad de un plan especial de empleo para Andalucía, un punto a exigir al Ejecutivo central, así como la reactivación, con presupuesto "adecuado", de las políticas activas de empleo.

De igual manera, ha pedido el impulso de la contratación laboral, especialmente, para los autónomos, punto en el que cree necesario avanzar en la creación del instituto de crédito andaluz y el impulso de las políticas sociales porque el estado de bienestar está siendo "atacado" y "hay que blindarlo".

Instituto de crédito andaluz

Asimismo, se ha mostrado a favor de establecer un instituto de crédito andaluz, punto en el que ha chocado con el presidente de la CEA, quien no se ha mostrado partidario de este instrumento. También González de Lara ha insistido en su petición de "desregulación" y simplificación administrativa y se ha mostrado partidario de otros mecanismos para facilitar el acceso al crédito, como sociedades de garantía recíproca o sociedades de capital riesgo.

Junto a ello, el máximo responsable de la patronal ha apostado por reducir la presión fiscal y ha rechazado los "impuestos al empleo" que suponen las medidas del Gobierno central encaminadas a incrementar las cotizaciones sociales.