Las Cortes de Castilla y León han rechazado, con los votos del Grupo Popular, la creación de una comisión de investigación sobre la Ciudad del Medio Ambiente (CMA) de Soria, proyecto al considerar que no tiene sentido investigar el ámbito jurídico emanado del Parlamento y su gestión, cuando todo ello se recoge en el Boletín y en el Diario de Sesiones.

Así lo ha justificado el procurador 'popular' Alfonso García Vicente, quien ha rechazado la petición de crear una comisión como pedía el PSOE, al considerar que este órgano no tendría sentido para indagar sobre lo que se ha aprobado en las Cortes y ha invitado al PSOE a que revise los diarios de sesiones y el Boletín del Parlamento si tiene dudas sobre cómo se gestionó.

García Vicente considera que el único motivo por el que se pide esta comisión es la resolución del Tribunal Constitucional, que declara nulo el proyecto, pero ha matizado que lo que se rechaza es el procedimiento por el que se declaraba proyecto regional.

En esta línea, ha señalado que en los diez años que ha durado la tramitación del proyecto se han producid avances y algún retraso, "muchas opiniones a favor y alguna en contra" y se ha pasado por épocas de bonanza y la mayor crisis de la historia de la Democracia, pero en este tiempo el PSOE no ha visto "irregularidad" en el proyecto, cuando ahora cambia de opinión, por lo que ha acusado a los socialistas de "oportunismo político".

Además, el procurador 'popular' ha afirmado que el propio Tribunal Constitucional ha "desmontado" los argumentos del PSOE, que ha recordado que ha apoyado otras leyes singulares que han permitido desbloquear proyectos como Meseta Ski en Villavieja (Valladolid) o el proyecto de estación de esquí en San Glorio (León).

García Vicente ha llamado a la oposición a que en lugar de "vociferar, reprochar o poner palos en la rueda" tiendan la mano a un proyecto que considera que al final será una oportunidad para las empresas que quieren invertir en la zona y no como otros proyectos como el del polígono industrial de Valcorba (Soria), en el que ve un fracaso a pesar de que los socialistas lo defienden como "alternativa industrial" en la provincia.

Oposición al proyecto

Frente a los argumentos del PP, la procuradora socialista por Soria Esther Pérez ha lamentado el "desinterés" y "silencios clamorosos" de los 'populares' respecto a este proyecto, contra el que ha recordado que se recogieron más de 7.000 firmas de profesionales, ecologistas y ciudadanos, pero que se llevó consigo la "crisis del ladrillo"

Pérez ha acusado al PP de "torear a la Justicia" con un "proyecto estrella" de la formación en Soria, que ha supuesto que se pierdan cien millones de euros cuando se prometieron inversiones de 500 y la creación de unos mil puestos de trabajo y además sólo se ha instalado allí una empresa cuando se hablaba del interés de varias sociedades por ubicarse en el terreno.

La procuradora socialista ha exigido "transparencia y responsabilidad", así como "respeto a la sociedad" para explicar cómo se ha "esfumado" este proyecto cuyos fondos se podrían haber destinado a la segunda fase del hospital, el sellado del vertedero de Bellosillo, el centro de salud, la ampliación del Palacio de La Audiencia o la Escuela Oficial de Idiomas, por ejemplo.

Pérez ha censurado el "enorme despilfarro" de recursos públicos en Soto de Garray con "muy pocas, tardías y distraídas respuestas del PP" y ha defendido la creación de la comisión en las numerosas respuestas que tiene que responder el Grupo Popular como la elección de su ubicación, por qué se modificó el proyecto, el coste económico de hacerlo, los términos de los compromisos con las empresas, etcétera.

También a favor de la comisión se ha pronunciado el Grupo Mixto, según ha explicado el procurador de IU, José María González, quien cree que las Cortes deberían de tener transparencia hacia la calle sobre un proyecto al que se ha referido como "cementerio de los millones de los impuestos de los ciudadanos", un "cementerio de hormigón en un antiguo fresnedal con un bonito arroyo ahora desparecido".

González ha señalado que el "fin no justifica los medios" y ha añadido que el fin de generar empleo no puede justificar este "cementerio de hormigón" y los millones en impuestos que se han gastado. Así, considera que se pierde la "oportunidad histórica" de hacer ver a los ciudadanos la posibilidad de revisar si las votaciones en un momento determinado erran oportunas y adecuadas a la legalidad.