El secretario general del Partido Comunista (PCA), José Manuel Mariscal, ha reconocido este miércoles que la "prevista resistencia" del PSOE-A ha "moderado o matizado" algunas de las posiciones iniciales de la formación respecto al anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, "pero sin desnaturalizar o anular en ningún caso lo sustantivo del texto que planteamos".

En una carta dirigida a los militantes, a la que ha tenido acceso Europa Press, Mariscal ha considerado "un éxito, aún provisional" la estrategia de negociación desarrollada con los socios de gobierno y la capacidad de elaborar un discurso "ambicioso, radical y posible, apoyado actualmente por la mayoría del movimiento memorialista".

Según ha afirmado, dicha normativa comenzó a gestarse en los inicios de la anterior legislatura, cuando el grupo parlamentario de IULV-CA, a instancias del PCA, impulsó la creación de un grupo de trabajo interdisciplinar que elaboró un texto "ambicioso y un tanto provocador, que ponía en cuestión las políticas de memoria de sesgo equidistante, marcadas por la mayoría absoluta del PSOE-A".

Mariscal ha indicado que los socialistas tenían como "buque insignia" la ley estatal de Memoria Histórica aprobada en 2007, "que delegaba la respuesta pública a los derechos de las víctimas en la voluntad subvencionable de las asociaciones de familiares, y situaba las exhumaciones como un hecho técnico-arqueológico, asumiendo así de facto la reaccionaria jurisprudencia y contraria al derecho internacional sostenida por el Tribunal Supremo".

Tras destacar que este primer proyecto de ley fue rechazado en el año 2010 por la mayoría parlamentaria "aplastante" de PSOE y también del PP, el máximo dirigente del PCA ha querido dejar claro que en él se encontraban ya "las líneas maestras" de la actual ley.

Entre ellas, ha destacado el establecimiento de un censo oficial de víctimas; la presencia obligatoria de la Dirección General de Memoria Democrática en todos los procesos de localización, exhumación e identificación de víctimas; la exigencia de presentar denuncia judicial en cuanto aparezcan restos de asesinados, o la obligatoriedad para los ayuntamientos de retirar la simbología franquista en un plazo establecido ya que en caso contrario será la Junta quien los retire de oficio.

También ha señalado el establecimiento de un régimen sancionador con tipificación de delitos y cuantificación de sanciones, sin olvidar la obligatoriedad de introducir en el currículo escolar los contenidos propios de la memoria democrática; la protección territorial de los Lugares de Memoria, o la creación del Instituto Andaluz de Memoria Democrática, que dé cuerpo e impulse todas las tareas de recuperación de testimonios orales, historias de vida y documentos archivísticos que den luz sobre el genocidio franquista y la resistencia popular.

"Estos son, a grandes rasgos, las líneas estratégicas y las aplicaciones tácticas que constituyen nuestra forma de entender y de practicar la lucha por la memoria", ha manifestado Mariscal, quien ha insistido en el anteproyecto actual, "que se encuentra a las puertas del trámite parlamentario, los recoge todos, los desarrolla y mejora el lenguaje técnico-jurídico que otorga precisión y fundamentación legal a las ideas y las intenciones expresadas".

"amplísimo" proceso de participación

En su opinión, el "amplísimo" proceso de participación y debate de la propuesta inicial, en el que han participado decenas de foros, asociaciones y grupos de expertos, más el trabajo propio del equipo de la Consejería que preside Diego Valderas, "ha enriquecido y mejorado el articulado de la ley".

De igual modo, Mariscal ha advertido de que la Ley de Memoria Democrática no constituye en absoluto un "desarrollo" o "profundización" de la ley estatal del 2007, sino que, por el contrario, se trata de una "ruptura" con los principios políticos y la propia concepción del ejercicio de la memoria de la mencionada ley de 2007.

Y ello se produce, según ha explicado, "al afirmar la presencia pública y el deber inexcusable del Estado, al reconocer el profundo déficit de olvido que supuso la transición al régimen monárquico, al exigir la presencia judicial ante evidencias de crímenes imprescriptibles, así como la anulación de los consejos de guerra franquistas".

Por último, ha considerado que para que esta ley no sea "un elemento más de la superestructura jurídica" y para convertirla en una herramienta "revolucionaria" a su manera "será preciso seguir luchando con más fuerza si cabe, para acumular fuerzas en los dos planos que la dialéctica marxista siempre ha considerado como necesarios y confluyentes".

"Me refiero, claro está, a la organización y la presencia en la sociedad y en las calles, junto con la ocupación de los espacios de poder político que nos permiten promulgar leyes como esta y otras, que recojan las demandas y los intereses de los trabajadores, de los que protagonizaron la resistencia contra el franquismo y de los que ahora se enfrentan a las nuevas formas del fascismo", ha concluido.