Trabajadoras de Multiservicios Jabalcuz, la empresa encargada de prestar el servicio de ayuda a domicilio en Jaén capital, han acordado llevar a cabo en próximas fechas una serie de "medidas de presión" para exigir el pago de sus nóminas, que irán dirigidas contra la propia compañía y también el Ayuntamiento.

Según ha explicado a Europa Press la presidenta del comité de empresa, María del Carmen García, así lo han decidido las trabajadoras en el transcurso de dos asambleas que se han celebrado este martes por la tarde, de las que ha salido la "seguridad" de que se van a llevar a cabo esas "medidas de presión".

Aunque la representante de la plantilla de Multiservicios Jabalcuz ha señalado que esas medidas se concretarán próximamente, ha apuntado que, en principio, serán "concentraciones en la calle", que pretenden comunicar con los "diez días de antelación" preceptivos para que sean autorizadas.

La idea, según ha añadido, es desarrollar esas concentraciones tanto ante la sede de la empresa, a la que consideran "principal responsable del impago de las nóminas", como frente al Ayuntamiento, a cuyo equipo de gobierno, dirigido por José Enrique Fernández de Moya (PP), culpan de "estar mareando" su situación.

García ha aludido así al conflicto que actualmente mantienen el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía después de que el primero denunciara el convenio de colaboración suscrito con la segunda para la prestación de la ayuda a domicilio asociada a la Ley de Dependencia, de la que, de esta manera, el Consistorio se desvinculó en virtud de un decreto que luego ha sido recurrido por la Administración regional por la vía contencioso-administrativa.

Se ha iniciado así un procedimiento judicial que se encuentra en manos del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de Jaén, que ya ha instado al Ayuntamiento, como medida cautelar, a mantener el servicio en tanto se emite una resolución definitiva.

En el marco de esta situación, el gobierno local ha comenzado a consignar en el juzgado el dinero que ha recibido de la Junta por servicios prestados con posterioridad al 3 de diciembre, fecha en la que expiró el convenio denunciado, un montante que el Ayuntamiento entiende que debe ir a parar a manos de la empresa para el pago de las nóminas de sus trabajadoras, si bien considera que debe ser el juez quien lo confirme, al no estar en vigor actualmente el convenio que vinculaba a ambas administraciones.