La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha lamentado este martes la decisión del Gobierno andaluz de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de control de Deuda Comercial en el Sector Público y ha recordado que dicha ley "nace para garantizar a las empresas el cobro de sus facturas y aumentar la transparencia de las administraciones públicas".

En una nota, Crespo ha recordado que "ha sido necesario poner en marcha tres planes de pago a proveedores, que han dejado en nuestra comunidad autónoma casi 5.000 millones de euros, para que la Junta y los ayuntamientos paguen las facturas pendientes y pongan al día los pagos" y se ha mostrado convencida de la constitucionalidad de una ley "que genera confianza y es buena para empresas que suministran bienes y servicios esenciales para los ciudadanos, como es el caso de los proveedores sanitarios y educativos".

La delegada ha explicado, a este respecto, que la Ley de deuda comercial establece que las Administraciones Públicas "deberán efectuar el pago de las facturas de sus proveedores en un máximo de 30 días, garantizando el cobro a las empresas y, además, permitirá sancionar a las Administraciones que no cumplan con este compromiso", lo que constituye, a su juicio, "una garantía vital para la superivivencia de muchas pequeñas y medianas empresas, que habían estado al borde de la quiebra".

Finalmente, la delegada ha reiterado su rechazo ante el recurso anunciado la semana pasada por el Consejo de Gobierno de la Junta a la Ley de Unidad de Mercado, que considera "una traba más al desarrollo de las empresas", ya que esta medida "asegura la libre circulación de bienes y la libre prestación de servicios en todo el territorio nacional, "reduciendo burocracia y sirviendo como incentivo a la reactivación de la economía", por lo que recurrirla significa "frenar el desarrollo de la competitividad de las empresas andaluzas".

A este respecto, Crespo ha recordado que este martes "se ha reunido la primera Conferencia Sectorial de comercio, con el objetivo de elaborar un plan de trabajo para la revisión normativa en el ámbito del comercio interior". Ha precisado que esta conferencia es una de las primeras que se convocan, de las 25 previstas en el Plan de Racionalización Normativa de Unidad de Mercado por parte de todos los ministerios, con el objeto de "aprobar un esquema de trabajo anual con las comunidades autónomas dirigido a avanzar en la simplificación y eliminación de barreras para el acceso y el inicio a la actividad en el comercio".

La delegada ha detallado que se han identificado un total de 37 normas autonómicas relativas a la implantación de establecimientos comerciales y otras 244 en el ámbito de la artesanía, las ferias y las subvenciones asociadas a estas dos actividades que suponen "una diversidad de regulación que puede plantear obstáculos y costes innecesarios a las empresas".