El Consejo de Ministros de este viernes ha acordado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley navarra para la apertura de un proceso de funcionarización en las administraciones públicas de Navarra.

En su recurso, el Gobierno apela a la invocación del artículo 161.2 de la Constitución Española y pide que se produzca la suspensión de los preceptos que se recurren.

El Gobierno entiende que el procedimiento de acceso a la condición de funcionario que regula la Ley Foral ignora los principios constitucionales de "mérito y capacidad", así como el derecho fundamental de todos para "acceder en condiciones de igualdad".

La Ley Foral prevé el acceso restringido exclusivamente al personal estatutario y contratado laboral fijo de la administración de la comunidad, y al personal laboral fijo de la administración local de Navarra, a quienes, además, se reconoce el derecho de acceder a la condición de funcionario mediante el ejercicio de una opción manifestada a través de una solicitud.

Según explica el Ejecutivo, aunque la Ley Orgánica de 1982 de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra reconoce a la comunidad la "competencia exclusiva" sobre el "régimen estatutario de los funcionarios públicos de la Comunidad Foral", ésta debe respetar "los derechos y obligaciones esenciales que la legislación básica del Estado reconozca a los funcionarios públicos y, en particular, los principios constitucionales de "mérito y capacidad" y el derecho fundamental de todos para "acceder en condiciones de igualdad" que se invocan en la impugnación.

Por otra parte, sostiene que aunque existan procesos de funcionarización anteriores en la Comunidad Foral, eran procesos excepcionales, de acuerdo con determinadas circunstancias reconocidas por el Tribunal Constitucional, y expresamente limitados a ejecutarlos "por una sola vez" para determinados colectivos, sin que se den dichas circunstancias en el caso presente.

El Gobierno ha anunciado además que la interposición de este recurso de inconstitucionalidad contra esta ley foral cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado.