El juicio programado para este jueves en Málaga para ver demandas del colectivo de 840 monitores educativos de centros docentes andaluces afectados tras el anuncio de la administración autonómica de asumir por medio de una oferta de empleo público sus funciones ha quedado suspendido, sin que aún se conozca nueva fecha de celebración, al igual que otras vistas de días pasados en Cádiz y Córdoba.

Fuentes del colectivo de monitores han indicado a Europa Press que, al margen del aplazamiento que la representación jurídica de estos trabajadores tenían pensado solicitar para agrupar varias demandas, la problemática en este juicio ha venido derivada de la falta de documentación que se precisaba para el transcurso de la vista oral, un extremo que los monitores temen se deba a una "maniobra" de la Junta para dilatar el proceso.

En los casos de Cádiz y Córdoba, fueron aplazados por la no comparecencia de las empresas que prestaron el servicio en un periodo transitorio de dos meses desde que se dio a conocer la decisión del Ejecutivo autonómico, dado que la notificación no se llevó a cabo en tiempo y forma.

A principios de semana, el sindicato CCOO alertaba de la situación creada este lunes, primer día del proceso de escolarización para el curso 2014-2015, en más de un millar de centros educativos andaluces, ninguno de los cuales contaba con el personal de apoyo administrativo que atienda a los pormenores de la tramitación en los colegios durante esta época, uno de los periodos con más carga burocrática.

Todo ello, a pesar del plan de choque puesto en marcha por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta andaluza, que supuso la extinción de contrato con estos 840 trabajadores. Según indicaba a Europa Press el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, José Blanco, los datos de los que disponían apuntaban a que los monitores empezarían a llegar entre finales de esta semana y principios de la siguiente, dándose, de hecho, un 30 por ciento de los casos en los que el personal aún no había sido seleccionado.

Para Blanco, la Consejería es la responsable de esta situación. "El descontento en los colegios es grande, según los testimonios que nos llegan de los propios equipos directivos, porque no hay perspectivas de que se pueda atender con las necesarias garantías el volumen de gestión que conlleva para los centros todo el proceso de escolarización, siendo una cuestión especialmente sensible para los padres de los escolares andaluces", subrayaba.

Por ello, CCOO insta al Gobierno andaluz a poner en marcha los mecanismos legales para el desarrollo de la proposición no de ley (PNL) aprobada el pasado 19 de febrero en el Parlamento de Andalucía.