El fiscal ha rebajado este jueves en el juicio las penas para 25 acusados de financiar a ETA a través de herriko tabernas al pasar a oscilar de entre ocho y doce años a un abanico de dos años a cuatro y medio, y ha retirado la acusación para otros nueve imputados.

Durante su exposición el fiscal ha explicado que rebaja las peticiones de penas al apreciar que hay que aplicar la atenuante de dilaciones indebidas en un proceso que el exjuez instructor Baltasar Garzón comenzó a instruir en 2002 y cuyo juicio se inició en la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre.

De esta forma el fiscal ha modificado sus conclusiones provisionales y las mayores penas las ha pedido para los exdirigentes de Batasuna Joseba Permach y Rufino Etxeberria, para los que ha rebajado la petición de doce años a cuatro y medio por pertenencia a banda armada en grado de responsables.

También ha pedido cuatro años y medio de cárcel para José Federico Álvarez Forcada, Karmelo Landa y Juan Cruz Aldasoro para quienes inicialmente había solicitado diez años de prisión.

Para otros siete acusados de pertenencia a banda armada ha rebajado la pena de diez a dos años y medio de prisión y para trece imputados por colaboración con organización terrorista de ocho a dos años y dos meses.

Durante su informe el fiscal ha destacado que "por primera vez un tribunal se va a pronunciar sobre si militantes de Herri Batasuna formaban parte del frente institucional" de la estrategia y la acción de ETA, de tal forma que en este juicio no se aborda "la lucha armada" sino la "lucha institucional" de la banda.

Ha añadido que Herri Batasuna hizo una estrategia de complementación de la violencia terrorista y de subordinación a la banda y ha comentado que no se puede enmarcar la conducta de los acusados en los derechos de participación política, ya que actuaron con desprecio a la legalidad.

El representante del Ministerio Público ha comentado la gran complejidad de esta causa dada la incesante actividad de los investigados para tratar de ocultar su dependencia de ETA.

Según consta en el informe del fiscal, cuya exposición seguirá este viernes, el patrimonio de las herriko tabernas, a través de las cuales presuntamente se financiaba ETA mediante la subordinación a Batasuna, superaba los doce millones de euros y tenía unos movimientos anuales estimados en unos quince millones.

Añade que para evitar riesgos patrimoniales la propiedad de los inmuebles y las cuentas corrientes de las herriko tabernas eran titularizadas por asociaciones culturales, aparentando que la actividad económica estaba desvinculada de la política y la logística a favor de ETA.

Asimismo para la Fiscalía estos establecimientos eran utilizados como fuente de financiación al servicio de la banda, que los consideraba un lugar idóneo para la actividad orgánica de las organizaciones de su entorno, para el reclutamiento de terroristas, el depósito temporal de armas y explosivos y la captación de información de posibles objetivos.

Tras la intervención del fiscal tendrán lugar las de los abogados de las acusaciones, ejercidas por la Asociación Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia, y de los acusados.

Uno de ellos, el acusado Karmelo Landa, ha declarado a los periodistas al finalizar la sesión de este jueves que el informe del fiscal ha sido sorprendente y lo ha calificado de malabarismo, ya que a su juicio se trata de un "disparate" de sumario en el que "la Fiscalía no ha presentado ninguna conducta individual castigada penalmente, lo que ha pretendido cubrir criminalizando a una persona jurídica, HB".

Karmelo Landa ha insistido en que "solo cabe una sentencia absolutoria para todos los imputados desde hace doce años cuando el objetivo era ilegalizar HB, pero ahora son otros tiempos y las organizaciones políticas de referencia son legales" y ha asegurado: "Estamos en el camino hacia la paz y la convivencia democrática".