Un inspector de Hacienda del Estado ha ratificado en el juicio por la primera pieza del 'caso Cooperación' que la trama emitió facturas "falsas" por trabajos que nunca llegaron a realizarse en Nicaragua: "ninguna empresa ratificó la realidad de los trabajos durante el tiempo que duró la inspección", ha asegurado.

Este inspector se ha pronunciado en estos términos en su declaración en calidad de testigo en el juicio por la primera pieza del 'caso Cooperación', en la que se investigan presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta Conselleria de Solidaridad, cuando estaba dirigida por Rafael Blasco, a la Fundación Cyes en el año 2008 para dos proyectos en Nicaragua, por los que recibió alrededor de 1,6 millones de euros y solo llegaron a su destino 43.000 euros, puesto que el resto se destinó a la compra de cuatro inmuebles en Valencia -tres pisos y un garaje—.

El perito estuvo encargado de analizar a las ONGs que recibieron subvenciones por parte de la extinta conselleria e investigar el destino de los fondos. Ha insistido, tal y como plasmó en sus informes, en que la trama utilizó una serie de sociedades que facturaron y cobraron por trabajos no realizados en Nicaragua.

Al respecto, ha concretado que tanto la empresa Arcmed como GCS, sobre las que el considerado presunto cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni, era el propietario, fueron objeto de Inspección de Hacienda porque recibieron dinero de la Fundación Cyes por supuestos trabajos en Nicaragua.

Así, a estas mercantiles se les requirieron facturas emitidas, y se concluyó que éstas eran "falsas". Arcmed, tras "contradecirse" y decir que los trabajos los había realizado el propio Tauroni, "luego dijo que no había sido él, sino GCS la que había prestado esos servicios", ha comentado. Así, Hacienda le requirió también a esta mercantil la justificación del cobro y gastos, y se concluyó que sus facturas eran así mismo "falsas".

El inspector ha destacado en este sentido que "ninguna" de estas empresas —en concreto Arcmed figuraba como empresa de servicios de telefonía, ha dicho— "justificó la realidad de los servicios prestados", puesto que no tenía medios materiales y su objeto social tampoco tenía relación con el objeto de los servicios prestados supuestamente a Nicaragua. También ha comentado que Arcmed llegó a ser vehículo transmisor de dinero a otras entidades, entre las que ha nombrado Gesfa o Dinamiz-e, entre otras.

A preguntas del letrado de Tauroni, sobre las facturas que se tuvieron en cuenta para llegar a sus conclusiones, el testigo ha comentado que el acusado, actualmente en prisión, "tuvo tiempo para poner encima del inspector informes para justificar los trabajos. Y no solo no lo hizo, sino que incurrió en contradicciones. Primero dijo que eran de Arcmed, luego subcontratados a GCS, y con esta última empresa tampoco se aportó nada. Durante un procedimiento que dura mucho tiempo se podía haber puesto todo sobre la mesa, y no se justificó nada", ha reiterado. Estas sociedades investigadas por Hacienda —ha agregado— no realizaron pagos al exconseller y actual diputado No Adscrito en las Corts, Rafael Blasco.

Cuentas de fundación cyes

Sobre las cuentas corrientes de la Fundación Cyes, el testigo ha explicado que de dos cuentas, en las que se recibieron las subvenciones de la extinta conselleria, figuran dos transferencias, una de ellas de 21.000 y otra de 22.000 euros, a otras cuentas de Nicaragua, y fueron realizadas en diciembre de 2008: "y ya no constan más ingresos a este país", ha dicho, puesto que ha agregado que el resto se destinó a la compra de inmuebles en Valencia. "El pago de los pisos se hace con fondos que llegaron a cuentas donde se ingresaron las subvenciones de la Generalitat", ha añadiddo.

Sobre la compra de estos inmuebles, el perito ha señalado que se apreció cómo el dinero utilizado provenía de "las propias subvenciones" puesto que no se vio a la fundación otros ingresos de otro tipo de fuentes, y tampoco se recurrió a financiación ajena. "Directamente cogió los fondos de las subvenciones y adquirió los cuatro inmuebles", ha dicho.

Por otro lado, ha declarado en el juicio un perito propuesto por la representación de Tina Sanjuán, ex secretaria general de la extinta conselleria, quien ha explicado que todos los informes y documentos sobre los proyectos de Nicaragua que se remitieron a la Fiscalía salieron de una misma impresora, de la evaluadora Caaz-Broseta. De esta forma, la letrada de la acusada intenta demostrar que su cliente no modificó ningún documento ni cometió falsedad documental.