Se elevan a 26 el número de miembros detenidos de la red dedicada a cometer estafas en sector transporte

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Joaquín Bascuñana, ha elevado a 26 el número de detenidos como presuntos miembros de una organización criminal dedicada a la comisión de estafas en el sector del transporte, aunque la operación continúa abierta y se esperan más detenciones.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Joaquín Bascuñana, ha elevado a 26 el número de detenidos como presuntos miembros de una organización criminal dedicada a la comisión de estafas en el sector del transporte, aunque la operación continúa abierta y se esperan más detenciones.

De los presuntos miembros de la trama, todos ellos detenidos en la Región de Murcia, 21 son de nacionalidad española, cuatro son colombianos y uno de ellos rumanos. Asimismo, han sido intervenidas 60 empresas, 40 de ellas en la Región de Murcia.

La cantidad mínima presuntamente estafada por la red se sitúa en los 1.500 euros y la cantidad máxima alcanza los 35.000 euros, de forma que la estafa en su conjunto está cuantificada en 700.000 euros, según el delegado.

En una rueda de prensa, Bascuñana ha señalado que la operación, denominada 'Track-trailer', se inició este miércoles en Murcia y Cartagena, y está siendo llevada a cabo por la Guardia Civil y por el Cuerpo Nacional de Policía con el fin de desarticular una supuesta red de estafa en el transporte.

El delegado ha señalado que es habitual en el sector del transporte contratar a una empresa que, a su vez, puede subcontratar otras compañías hasta que se encuentra la que puede hacer ese porte. Normalmente, explica Bascuñana, la estafa se producía en el denominado 'reporte', es decir, a la vuelta de los camiones, fundamentalmente, de países de la Unión Europea como Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica y Noruega.

Bascuñana ha explicado que, normalmente, cuando un camión sale con una carga de Murcia a cualquier otro país, "nunca vuelve vacío, sino que siempre tiene un reporte", y las empresas van realizando contactos para ver qué es lo que pueden traer del destino e, incluso, no siempre regresan a España.

En este caso, Bascuñana señala que se han ido creando una serie de empresas intermedias ficticias que, al final, "no tenían nada". Y es que, ha recordado que para constituir una Sociedad Limitada se necesitan 3.000 euros de capital social y no siempre se aporta en dinero, sino que puede realizarse mediante una aportación de bienes.

En el caso de la trama desarticulada, Bascuñana señala que aportaban bienes de oficina e informáticos para desaparecer a los dos o tres meses, plazo en el que vencían los pagarés. Posteriormente, las empresas ficticias no tenían domicilio social en el que se les pudiese encontrar "ni nada", explica Bascuñana.

La operación, en la que también han colaborado otros órganos de la Administración General del Estado, como la inspección de Trabajo y de Hacienda, se enmarca en las operaciones desarrolladas para desarticular empresas ficticias, que "están haciendo tanto daño a otras empresas y a todos los españoles".

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