Las asociaciones de la prensa de A Coruña y Santiago consideran "inaceptable" que el alcalde de Santiago pidiese a la jueza que instruye la Operación Pokémon que tomase medidas contra los medios de comunicación para evitar la publicación de información relacionada con el procedimiento judicial hasta la apertura del juicio oral.

En un comunicado, la asociación coruñesa entiende que si el alcalde considera que las informaciones publicadas sobre él son falsas, dispone de los procedimientos legales para denunciarlos, "como haría cualquier ciudadanos que se sintiese afectado".

"Pero en ningún caso resulta de recibo pedirle a la jueza que actúe contra la libertad de los medios y los periodistas para publicar informaciones, máxime cuando son de relevancia pública, como es el caso", remacha.

En esta misma línea se expresa la Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela (APSC), que recuerda que "los contenidos de las informaciones son responsabilidad de los periodistas y de los editores de los medios, en una graduación que está establecida" en el código deontológico de la profesión.

Asimismo, esta asociación, que también invita a Currás a denunciar si se siente agredido, estima "acertada" la reacción de la titular de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara.

Currás pidió que se "abstuviesen" de publicar

El alcalde de la capital gallega remitió a la instructora varias publicaciones periodísticas y le solicitó que requiriese a sus autores y a los periódicos que los publicaron, y "a cualesquiera otros que hayan actuado o actúen de la misma manera en el futuro", que se "abstuviesen de volver a difundir o publicar en forma alguna información del contenido de la instrucción hasta la apertura de juicio oral".

En una providencia, la jueza rechazó actuar de "censora" con los medios de comunicación, así como "poner una mordaza" a los periodistas para evitar que se difundiesen informaciones sobre el contenido de la instrucción y le recuerda que "no es competencia" suya realizar "ninguna labor de depuración de la prensa, escrita o audiovisual".

Es más, se manifiesta "consciente" de la "importantísima función que cumplen los medios de comunicación", debiendo, añade, "conjugarse el secreto sumarial y los fines de investigación con el derecho y el deber de informar, máxime cuando se trata de cuestiones que, por afectar al bien público, suscitan el interés de los ciudadanos y despiertan sus ansias de saber".

En su escrito, De Lara considera que, en el actual estado de derecho, es "más improcedente incluso" la petición efectuada por la defensa de Currás para que se evitase la difusión de informaciones. Al respecto, arguye que "a los jueces les corresponde depurar las responsabilidades penales que se hayan cometido, una vez cometidas, sin que se pueda actuar a modo de censor previo", lo que, por otra parte, significaría "generalizar la comisión de conductas ilícitas a todos los medios de comunicación".