El consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, ha recibido la petición de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del alumnado por la Educación Pública (Codapa) para que ponga en marcha todos los procedimientos que impidan la implantación de la Formación Profesional Básica (FPB) el próximo curso 2014-15.

Alonso, en un comunicado, ha explicado que esta petición se sustenta en la "incertidumbre" y "perjuicio" que la implantación de esta enseñanzas de forma precipitada tendrá en el alumnado andaluz. Asimismo, ha informado de que este miércoles se ha publicado el Real Decreto, "un documento que no hace más que insistir en las dudas, incoherencias y dificultades para que la FPB sea una oferta responsable, adecuada y que mejore la actual en Andalucía".

El responsable andaluz de Educación ha argumentado que la oferta de títulos recogidos en la nueva normativa provoca "un grave perjuicio" al alumnado por reducir la misma de 25 a 14 títulos. Así, ha advertido de las consecuencias negativas que para los alumnos tiene la eliminación que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), que permitían la obtención del título de Secundaria Obligatoria o el certificado de profesionalidad, a cambio de implantar una FPB "llena de incertidumbres".

El consejero ha hecho suya la "preocupación" que les han transmitido, a través de una carta, los padres y madres de Andalucía y ha explicado que el decreto que regula la FPB solo añade "más preocupación, incertidumbre y, sobre todo, es una amenaza a la normalidad que necesita el inicio del curso escolar". Para Alonso, la nueva norma está llena de "incoherencias, dificultades y consecuencias negativas para el alumnado"; en este sentido, ha lanzado una batería de preguntas al ministro, José Ignacio Wert, para que le aclare sus dudas sobre la implantación de la FPB el próximo curso escolar 2014-15.

Se ha preguntado si Wert "ha valorado la incoherencia de implantar la FPB, que está dirigida a alumnos de escolarización obligatoria, sin que se haya implantado el currículum de Secundaria", y pide al Gobierno central "soluciones para el alumnado, al que el consejo orientador dirige hacia la FPB y no cuenta con el preceptivo consentimiento de los padres".

Además, advierte de la dificultad temporal de planificar la oferta de FPB que tienen las comunidades autónomas, que deben elaborar y aprobar su propio decreto de enseñanzas basado en "una norma precipitada, llena de vacíos e incoherencias que aún tiene en tramitación un Real Decreto para completar la oferta de titulación".

Por otra parte, Alonso se pregunta cómo resolverá Wert la dificultad temporal que tendrán los centros educativos para realizar sus proyectos de centro. También ha instado a responder sobre la "inquietud" y la "dificultad" de los padres, que deben tomar una decisión sobre el futuro de sus hijos sin conocer la oferta educativa ni cómo se realizará el informe del consejo orientador. "El ministro debería ofrecer respuesta a las familias sobre la situación de inseguridad que se genera en relación con la obtención de la titulación", ha destacado.

Otra de las dificultades que el consejero ha señalado es el desconocimiento que tienen las comunidades autónomas sobre los recursos financieros con los que van a contar para la implantación de estas enseñanzas. "Aún no conocemos ni la procedencia de los fondos ni los criterios de reparto. Estamos ante una enorme incertidumbre financiera", ha recalcado.

Asimismo, se aprecia una contradicción en el estudio económico cuando se afirma en la propia memoria de la reforma educativa que no supone un incremento del gasto público por sí mismo y, a la vez, se haga un análisis de los costes que va a suponer su implantación. Por otra parte, en el informe del Ministerio de Hacienda "se pone en duda que existan créditos suficientes para la implantación de las nuevas enseñanzas".

Alonso ha preguntado el Gobierno de Rajoy si cree que "es posible planificar la FPB sin conocer ni tan siquiera los criterios para su financiación" y ha manifestado su coincidencia con el dictamen del Consejo de Estado, "que califica de parcial y precipitado el desarrollo de las enseñanzas establecidas en el Real Decreto".