El vicepresidente y responsable de Administracións Públicas de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha reunido este miércoles con los portavoces de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para presentarles el borrador de una ley autonómica "interpretativa" de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local con el fin de resolver "dudas" surgidas en su aplicación.

En declaraciones a los medios, Rueda ha señalado que Galicia es la primera comunidad en dar el paso y ha aludido a la necesidad de agilizar el diseño de esta ley de medidas urgentes, toda vez que los propios ayuntamientos —a través de sus alcaldes, secretarios e interventores— reclamaron en los últimos meses que se "clarificasen" determinados supuestos.

En esta coyuntura, ha defendido que la nueva norma busca facilitar la aplicación de la ley estatal y garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos evitando disfunciones que pueden acabar perjudicando a los ciudadanos.

A renglón seguido ha apelado a la colaboración del municipalismo y ha manifestado su disposición de conocer las sugerencias de la Fegamp, al tiempo que ha precisado que esta norma no afecta al compromiso adquirido previamente por la Xunta de articular una nueva ley de administración local gallega "más amplia".

Dicho esto y tras incidir en las "dudas" suscitadas hasta el momento, ha asegurado que la intención del Gobierno autonómico es aprobar la ley presentada este miércoles cuanto antes en el Consello de la Xunta y pedir también una tramitación ágil en la Cámara, al considerar que es "urgente" disponer de criterios de aplicación práctica de la norma a la realidad gallega.

Garantizar servicios

Por su parte, el presidente de la Fegamp y alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha destacado la importancia de que el Gobierno gallego emplee las "herramientas" que tiene a su alcance para poder aclarar cualquier tipo de "diferencia interpretrativa".

No en vano, ha esgrimido que "lo más importante" para los gallegos "no es de quién es cada competencia", sino que haya acuerdo entre las administraciones para "garantizar los servicios a los ciudadanos".

En este marco, ha asegurado que la Fegamp es "totalmente receptiva" a la propuesta de la Xunta y que ha plasmado su intención de trabajar "con el objetivo común de seguir prestando servicios a los gallegos".

Recurso ante el tc y debate en o hórreo

Por otra parte, preguntado sobre si la Xunta prevé presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la norma estatal, el vicepresidente ha replicado que el Ejecutivo gallego considera "mucho más útil" desde el punto de vista "práctico" articular la norma presentada este miércoles "que otro tipo de cuestiones.

"Buscamos la utilidad y el efecto práctico, solventar problemas que se están dando. Hay aspectos que nos gustaban más que otros, pero se podían adivinar problemas de índole práctica y nuestra obligación es solucionarlos", ha manifestado Rueda.

En todo caso, la Cámara gallega debatirá la semana próxima, en un nuevo pleno extraordinario que precederá al previsto en el calendario, la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, la denominada reforma local.

Se decidió en la junta de portavoces de este martes y, al respecto, el portavoz popular, Pedro Puy, afirmó que, al igual que el BNG la pasada semana pidió llevar la Ley orgánica de mejora de la calidad educativa (Lomce) al Tribunal Constitucional, el PSdeG hace ahora la misma solicitud "poco usual" de que el Parlamento recurra la reforma local.

Por su parte, José Luis Méndez Romeu (PSdeG) justificó la petición en que la reforma "invade" competencias autonómicas y la propia autonomía local al "potenciar" las diputaciones a costa de "cambiar drásticamente" las funciones de los ayuntamientos.