Zoido y Elena Cortés debaten este miércoles el futuro de las familias de la Corrala Utopía

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, celebran a las 13,00 horas de este miércoles una reunión en el consistorio hispalense, en torno a la situación que atraviesan las familias que habitan sin relación contractual alguna los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales. Las viviendas son propiedad de 'Ibercaja' y el Juzgado de Instrucción número tres ha ordenado el desalojo forzoso de las mismas, instando incluso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que "den cumplimiento" a dicha orden.
Bloque De Viviendas Ocupados Corrala La Utopía
Bloque De Viviendas Ocupados Corrala La Utopía
EUROPA PRESS
Bloque De Viviendas Ocupados Corrala La Utopía

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, celebran a las 13,00 horas de este miércoles una reunión en el consistorio hispalense, en torno a la situación que atraviesan las familias que habitan sin relación contractual alguna los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales. Las viviendas son propiedad de 'Ibercaja' y el Juzgado de Instrucción número tres ha ordenado el desalojo forzoso de las mismas, instando incluso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que "den cumplimiento" a dicha orden.

El colectivo de familias, bautizado como 'Corrala Utopía', tiene previsto celebrar una movilización frente al Ayuntamiento este mismo miércoles, también a las 10,00 horas, con motivo de esta reunión, toda vez que las administraciones estarían sopesando un posible realojo de estas familias en viviendas protegidas de la Administración autonómica previo paso por unas VPO de propiedad municipal.

Entretanto, el grupo de juristas independientes 17 de Marzo ha elevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (Francia), una demanda contra el reino de España solicitando que se decrete la suspensión de la orden de desalojo por posibles vulneraciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos, toda vez que el Juzgado de Instrucción número tres ha emitido ya dos autos ordenando tanto el desalojo de las viviendas, como pidiendo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado den cumplimiento a dicha medida, pues ha transcurrido ya el plazo de 15 días habilitado por la juez como periodo previo al desalojo forzoso.

Viviendas ocupadas desde 2012

Estamos hablando del colectivo de familias que habita sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de nueva construcción y renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales, cuya propiedad ostenta 'Ibercaja' a través de la sociedad inmobiliaria 'Residencial Murillo'.

Las viviendas en cuestión fueron ocupadas en mayo de 2012 por estas familias alegando su difícil situación socioeconómica y la necesidad de contar con un techo y el conflicto, a lo largo de todos estos meses, ha contado con una vertiente sociopolítica, pues el asunto ha sido debatido en los plenos del Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla con diversas movilizaciones y hasta un festival de rock, y un plano judicial derivado de la denuncia promovida por la titularidad de las viviendas, a cuenta de la usurpación de las mismas.

Las familias esgrimen que su reivindicación no es otra que contar con alquileres sociales para habitar estas viviendas a cambio de cuotas ajustadas a su situación socioeconómica, mientras 'Ibercaja' ha puesto sobre la mesa su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en su obra social para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado.

LA '

Corrala utopía'

Si bien en la primavera de 2013 mediaba un principio de acuerdo entre estas familias y la propiedad del edificio para realojar en otras viviendas a las familias que acreditasen un estado de verdadera "necesidad", extremo que motivó entonces que 'Ibercaja' solicitase la suspensión de su petición de desalojo forzoso, dicho pacto no llegó a buen puerto a excepción del caso de cinco familias que sí se acogieron a los términos del acuerdo. Mientras ambas partes se acusaban mutuamente de incumplir los términos del pacto, la propiedad de las viviendas reactivó su petición de desalojo forzoso.

Entretanto, el Juzgado de Instrucción número tres había ido tomando declaración a todos los miembros del colectivo de familias por un presunto delito de usurpación, instando en todos los casos al desalojo voluntario de las viviendas. Finalmente, esta instancia judicial notificaba recientemente un auto ordenando el "desalojo forzoso" de las viviendas.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento