La Audiencia de Valladolid entiende que el empresario José María Ruiz Mateos Jiménez de Tejada y uno de sus hijos, José María Ruiz Mateos Rivero, junto con una tercera persona, testaferro de los dos primeros, podrían haber incurrido en dos delitos fiscales en 2009, fecha en la que habrían defraudado al fisco más de ocho millones de euros a través de una fraudulenta operación inmobiliaria en la que habrían utilizado como intermediaria o 'sociedad pantalla' a una mercantil vallisoletana.

En su auto, la Sección Cuarta de lo Penal ratifica así uno anterior en idéntico sentido dictado en junio de 2013 por el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, confirmado por el mismo juez el 10 de enero de 2014, que acordó incoar diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado contra ambos empresarios, propietarios del Grupo Rumasa, y Encarnación Solana Contreras por si los hechos imputados a los tres fueran constitutivos de dos delitos contra la Hacienda Pública, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La desestimación de los recursos de apelación de los Ruiz Mateos implica la continuación del proceso contra éstos y la tercera imputada, quienes finalmente serán juzgados en Valladolid por hechos que se remontan a 2008, cuando los primeros, aprovechando las relaciones comerciales que tenían con los propietarios de la mercantil vallisoletana Perfil Inmobiliario Extramuros S.L, ofrecieron a estos últimos hacerse con la propiedad de la sociedad.

Una finca en reus

Aunque la firma de la venta de participaciones, sin abonar cantidad alguna, no se materializó hasta el 30 de marzo de 2009 en favor de otra sociedad pantalla llamada Sandersfierld Limited, con domicilio en Belice, 'paraíso fiscal', con anterioridad, el 22 de julio de 2008, siguiendo las instrucciones de los Ruiz Mateos, Perfil Inmobiliario Extramuros S.L. adquirió una finca en Reus por importe de 6.005.060,52 euros.

La empresa vallisoletana vendió a posteriori dicha finca a SNH-Participaciones SL por 35.999.999 euros. En el acto de firma de la escritura de venta compareció la tercera imputada, Encarnación Solana Contreras, a quien los Ruiz Mateos colocaron en calidad de administradora única pero que en realidad, según sostienen el Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por el Abogado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, era simplemente una testaferro que ya realizaba tareas administrativas en otras entidades pertenecientes al grupo de empresas del industrial jerezano.

Tras la venta de la finca, Perfil Inmobiliario no presentó declaración de sociedades del año 2009, ascendiendo la cuantía tributaria defraudada por este concepto a 3.021.994,15 euros, importe al que que habría que sumar otros 4.957.517,12 euros correspondientes al IVA no ingresado por la operación de venta de la finca de Reus, con lo que el montante global superaría los 8 millones de euros.