La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén ha señalado para este miércoles día 5 un juicio contra tres personas, identificadas como R.S., H.P.M. y L.R.S.T., a quienes la Fiscalía acusa de un delito de estafa en grado de tentativa que habrían cometido al tratar de defraudar 300.000 euros al dueño de un hotel restaurante de la ciudad jiennense de Úbeda a quien supuestamente hicieron creer que estaban interesados en la compra de dicho establecimiento.

Así lo recoge el Ministerio Público en su escrito de calificación de los hechos, consultado por Europa Press, en el que se detalla que los hechos sucedieron en octubre del año 2012, cuando los tres procesados, "de común acuerdo y con ánimo de beneficio ilícito", contactaron con el dueño del hotel restaurante 'Museo Agrícola' de Úbeda, que en ese momento lo tenía en venta, "haciéndole creer que estaban interesados en la adquisición del mismo".

Para ello le ofrecieron, según añade el fiscal, "un millón y medio de euros", pero le indicaron que "el pago debía hacerse con dinero legal, pero procedente de África, por lo que tenía que entrar en España camuflado con un tinte negro, recuperando su estado mediante un lavado con un proceso químico".

Al tiempo que realizaron "una demostración" de ese proceso, los imputados supuestamente solicitaron al dueño del citado establecimiento hotelero "un adelanto de 300.000 euros que precisaban para ello", según señala la Fiscalía, que también indica que los procesados se comprometían a devolverle posteriormente esa cantidad al empresario "con un 20 por ciento de beneficio".

Dado que finalmente los encartados "no consiguieron su propósito", al ser "advertido" por la Policía el dueño del citado negocio de la "posible estafa", el Ministerio Público considera a los imputados autores de un delito de estafa en grado de tentativa, por el que solicita una condena de nueve meses de prisión para cada uno de ellos, así como el pago de una multa de 30 euros diarios durante cuatro meses y 15 días.

Juicio aplazado

De igual modo, la Sección Tercera de la Audiencia jiennense también tiene previsto celebrar este miércoles otro juicio por otra posible estafa que ha sido suspendido en ocasiones anteriores, y que sienta en el banquillo a un empresario, identificado como A.O.R., para quien el Ministerio Fiscal pide una pena de cinco años de prisión por haber cobrado a través de dos entidades bancarias más de 500.000 euros gracias a facturas supuestamente falsas de servicios no prestados realmente a la antigua Empresa Pública de Suelo Andaluz (EPSA), actualmente denominada Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

Según relata el fiscal en su escrito de calificación, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado se encargó de elaborar esas facturas por trabajos inexistentes entre abril de 2011 y enero de 2012 "con la intención de obtener dinero en efectivo" dadas "las dificultades económicas que atravesaba la empresa que dirigía".

De esta manera, decidió "emitir facturas falsas por servicios no prestados a EPSA en las que estampaba el sello oficial de la Gerencia Provincial de Jaén" de dicho organismo, y en cuya "diligencia de toma de razón", para darle "un aspecto de autenticidad" de cara al momento de presentarlas en las correspondientes sucursales bancarias para proceder a su cobro, "simulaba la firma de una de sus trabajadoras".

En total, en los meses en los que llevó a cabo esa actuación, llegó a cobrar, por parte de una entidad bancaria, un total de 360.808,03 euros a través de 14 "facturas falsas", y a través de otra, 119.155,76 euros mediante nueve documentos de esa naturaleza, cantidades cuyo pago posteriormente rechazó el "supuesto deudor", en este caso, EPSA, cuando les fueron presentadas al cobro a través de las entidades financieras.

Por todo ello, el Ministerio Público pide una pena de cinco años de cárcel al emisor de estas facturas por considerar que los hechos son constitutivos de "un delito de falsedad en documento mercantil como medio de cometer un delito de estafa", así como el pago de una multa de diez euros diarios durante doce meses. Además, en concepto de responsabilidad civil, le obliga a devolverle a los dos bancos a los que pasaba las facturas la totalidad del dinero cobrado.