La Cámara gallega debatirá la semana próxima, en un nuevo pleno extraordinario que precederá al previsto en el calendario, la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, la denominada reforma local.

Se ha decidido en la junta de portavoces de este martes, y de ello han dado cuenta los representantes de los cinco grupos parlamentarios en rueda de prensa.

Por su parte, el portavoz popular, Pedro Puy, ha señalado que, al igual que el BNG la pasada semana pidió llevar la Ley orgánica de mejora de la calidad educativa (Lomce) al Tribunal Constitucional, el PSdeG hace ahora la misma solicitud "poco usual" de que el Parlamento recurra la reforma local.

Por su parte, José Luis Méndez Romeu (PSdeG) ha justificado la petición en que la reforma "invade" competencias autonómicas y la propia autonomía local al "potenciar" las diputaciones a costa de "cambiar drásticamente" las funciones de los ayuntamientos.

Además, ha apuntado que esta iniciativa forma parte de una campaña del PSOE en todo el Estado para impulsar recursos de inconstitucionalidad desde distintas administraciones.

"campo de cultivo para la corrupción"

Desde las filas nacionalistas, Francisco Jorquera ha señalado que los distintos "escándalos de corrupción" que salpican a los ayuntamientos gallegos tienen en su origen "la privatización de los servicios" que ahora "impone" la reforma local.

De este modo, ha advertido que esta normativa creará "el campo de cultivo" para el "tráfico de influencias y la corrupción".

Quita a los preferentistas

Una vez finalizado el debate de este asunto, dará inicio el pleno ordinario, en el que se debatirá sobre la reforma de la Ley estatal de reestructuración y resolución de entidades de crédito para, como pide el BNG, se garantice la "devolución íntegra" del dinero a todos los ahorradores afectados por la comercialización indebida de participaciones preferentes.

Porque, como ha dicho Jorquera, unos 35.000 afectados por este producto financiero "no recuperaron íntegramente su dinero". Así las cosas, tras el acuerdo en contra de la quita en comisión parlamentaria, se votará si trasladar la petición al Congreso de los Diputados.

También se abordará la iniciativa legislativa popular Valentín Paz Andrade, relativa a promover el uso del portugués en Galicia y a aprovechar los vínculos con la lusofonía.

Antes de las propuestas legislativas, el pleno decidirá sobre las propuestas de resolución aprobadas en la comisión no permanente para las relaciones con el Consello de Contas y sobre la apertura de una comisión de investigación sobre Alimentos Lácteos y el destino de las ayudas públicas, tal y como han pedido conjuntamente AGE y BNG.

Comparecencia de mato

A continuación, la Cámara acogerá la comparecencia a petición propia de la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, quien comparecerá para explicar su plan de empleo juvenil.

Es por ello que los populares rechazaron que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, diese cuenta de la situación del mercado de trabajo cuando, según Méndez Romeu, "más del 50 por ciento de los hogares" en Galicia "ya no tienen la consideración de activos" porque sólo perciben pensiones o ayudas.

También el portavoz de AGE, Xosé Manuel Beiras, ha criticado el "veto" a la comparecencia de Feijóo y ha planteado si el plan de empleo juvenil será "para los conselleiros que van a salir como ratas dentro de poco de la Xunta". "Y que son tan jóvenes como el frente de juventudes de mi adolescencia", ha sentenciado.

Sin salir del ámbito del empleo, ha avanzado que su grupo preguntará a la conselleira sobre el "fracaso" de sus políticas de empleo.

Por su parte, Pedro Puy ha valorado que la caída del paro, sumada al aumento de las exportaciones, al "refuerzo" de las inversiones extranjeras y al repunte del gasto en los hogares, demuestra que se está consiguiendo "revertir la situación y vencer la crisis".

"Pero no hay que conformarse", ha advertido, antes de indicar que su grupo pedirá en el próximo pleno datos sobre la "significativa reducción" de los expedientes de regulación de empleo en Galicia y solicitará "impulso" al emprendimiento femenino.

Céntimo sanitario

El fallo del Tribunal de Justicia de la UE sobre el 'céntimo sanitario' también se tratará en el próximo pleno, tanto por parte del PSdeG como de AGE, a fin de conocer cómo se procederá a la devolución de lo cobrado de forma irregular.

Los de Beiras también sacarán a colación la pobreza energética que atraviesan, como ha dicho el veterano nacionalista, muchos gallegos que "mueren de frío en casa". Por su parte, los socialistas hablarán sobre la "paralización" de la industria eólica en Galicia.

Situación de la sanidad

La situación de la sanidad pública se tratará en diferentes iniciativas de los grupos de la oposición.

Por ejemplo, los socialistas preguntarán sobre el "error histórico" de reformar el mapa sanitario y la "paralización" del contrato de 150 millones de euros del Hospital de Ourense a instancias de empresas gallegas que se sienten "discriminadas"; mientras que el BNG criticará la "privatización de la esterilización".

Por su parte, el presidente deberá debatir con Méndez Romeu sobre los "incumplimientos" del Gobierno central en Galicia y su "actitud" ante ellos; mientras que AGE y BNG le pedirán que tome medidas ante la situación abierta en Santiago tras la apertura de juicio oral por un supuesto delito de prevaricación a siete concejales.

Grupo mixto

Finalmente, la única integrante del grupo mixto, Carmen Iglesias, ha dicho —en su primera rueda de prensa posterior a la junta de portavoces— que no defenderá ninguna iniciativa porque no fue aceptada una en la que pedía regular la objeción de conciencia.

"Como hablaba del aborto dijeron que estaba repetida", ha explicado a los medios, y ha puntualizado que versaba sobre la objeción de conciencia en un sentido más amplio. Por ejemplo, porque "al personal sanitario no lo controla ni dios y a los bomberos se les sanciona".

También ha avanzado que trabaja en una iniciativa relativa al Concordato con el Vaticano y en otra para reclamar que se respete la toponimia oficial gallega.