El exconcejal socialista Francisco Fernández recurre su condena de siete años de inhabilitación

El exconcejal socialista del Ayuntamiento hispalense Francisco Fernández ha recurrido, ante la Audiencia Provincial, la sentencia del Juzgado de lo Penal número dos que le condena a siete años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público por un delito de prevaricación derivado de la adquisición de materiales valorados en 644.485 euros a través de la fórmula de los reconocimientos de crédito, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Se trata de un recurso de apelación extendido en 35 folios y que seguiría las líneas del escrito de defensa elevado al Juzgado de lo Penal número dos con motivo de la vista oral saldada con la condena de Francisco Fernández, quien en este recurso de apelación señalaría que en el asunto, procedería una inhabilitación específica asociada al cargo que ocupaba como responsable del área de Gobernación, en lugar de una inhabilitación general para el ejercicio de empleo o cargo público.

La sección del Sindicato Profesional de Bomberos (SPB) en el Ayuntamiento de Sevilla, como promotora de la denuncia, había decidido de su lado no recurrir el fallo inicial pese a haber reclamado seis años de cárcel y 25 de inhabilitación. Según explicaba a Europa Press Juan Carlos Bernabé, secretario general de la organización sindical, "se ha declarado que había prevaricación y el objetivo de la denuncia está cumplido".

En su escrito de acusación, el Ministerio Público relataba que Fernández, como "responsable" del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Sevilla, adquirió de la empresa Iturri "en fecha no determinada pero inmediatamente anterior" al 15 de mayo de 2007 el equipamiento necesario para ocho vehículos autobomba del Cuerpo de Bomberos por un montante de 644.485 euros.

Según la Fiscalía, la adquisición de este equipamiento "se llevó a cabo sin que se incoara expediente administrativo alguno, por lo que no existieron los acuerdos previos del Ayuntamiento" para la adquisición de bienes, "no se formalizaron pliegos de condiciones técnicas, no hubo publicidad para que los interesados concurrieran a la posible compra, y tampoco existió la consignación presupuestaria correspondiente".

Decisión "arbitraria"

Por tanto, a juicio del Ministerio Público, todo el proceso se llevó a cabo "sin cumplir con los requisitos y formalidades exigidas legalmente relativas a la convocatoria de concurso y adjudicación motivada", por lo que el exconcejal socialista "adoptó esa arbitraria resolución de adjudicación del contrato a sabiendas de que estaba omitiendo las normas esenciales del procedimiento para adquisición y contratación de bienes exigidas por la Ley".

El Ministerio Público ponía de manifiesto que, para el reconocimiento de la deuda generada por la adquisición del equipamiento de los ocho vehículos autobomba, tuvo que incoarse un expediente. Por estos hechos, la Fiscalía pedía para el acusado, que no ostenta actualmente cargo público alguno, ocho años de inhabilitación y el pago de las costas a cuenta de un presunto delito de prevaricación.

Finalmente, el Juzgado de lo Penal número dos de Sevilla condenó a Fernández a una pena de siete años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa, imponiéndole también las costas. "La adquisición del equipamiento se llevó a cabo sin dictar una resolución previa y sin cumplir los requisitos y demás formalidades establecidas", señala la sentencia, recogida por Europa Press y según la cual Fernández "tomó esta decisión de forma unilateral y a sabiendas de que no se estaban observando las normas del procedimiento legalmente establecido".

La adquisición de estos equipamientos, según la sentencia, prescindió "total y absolutamente de todas las normas vigentes en el momento". La sentencia condenatoria, de cualquier modo, es susceptible de recurso de apelación.

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