El Ministerio Fiscal ha solicitado seis años de prisión para cuatro acusados de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud y cometido en condiciones de notoria importancia y extrema gravedad, tras hallar la Guardia Civil en julio de 2011 en dos embarcaciones un total de 3.556 kilos de hachís —que podrían haber alcanzado en el mercado ilícito un valor superior a los 21 millones de euros—, concretamente en el puerto pesquero de Isla Cristina (Huelva) y en el de El Rompido, Cartaya. De igual modo, solicita multas millonarias de 22 a 25 millones de euros.

Según reza en el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 2 de julio de 2011 tras investigar Vigilancia Aduanera de Huelva y agentes del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil dos embarcaciones de recreo por su presunta utilización en operaciones de narcotráfico.

Así, sobre las 13,30 horas de ese día dos personas, que no han podido ser identificadas, se encontraban a bordo de uno de los barcos, propiedad del acusado D.L.G., embarcación que penetró por el río Carreras paralelo al puerto pesquero de Isla Cristina hasta llegar al astillero denominado 'Conrado Moreno', propiedad del acusado C.F.G., el cual, según señala la Fiscalía, sabedor de lo que portaba remolcó dicha embarcación hasta el interior de una nave, compareciendo en el lugar minutos más tarde agentes de la Guardia Civil, no encontrándose ya en dicho lugar ni pudiendo ser localizados las personas que tripulaban dicha embarcación, donde fue hallado, dividido en fardos, un total de 1.658 kilos de hachís.

Por otro lado, D.L.G, y J.R.J., sobre las 15,00 horas del mismo día se encontraban a bordo de otra embarcación cuando fue interceptada por agentes del Servicio Marítimo Provincial de Huelva en las proximidades de el puerto deportivo de Marina El Rompido, que contenía en su interior, dividido en fardos, un total de 1.898 kilos de hachís. Este barco, propiedad del acusado A.A.L., fue facilitado previamente por él mismo a sabiendas de la finalidad ilícita para el que iba a ser utilizado.

Por respectivos autos de 4 de julio de 2011 se acordó por el Juzgado de Instrucción la prisión provisional comunicada y sin fianza para tres de los acusados, que fueron puestos en libertad meses después.

A su vez, el fiscal, para el caso de que la sentencia que se dicte fuera condenatoria y la pena impuesta superior a cinco años de prisión, interesa la aplicación del periodo de seguridad, de forma que el penado no pueda ser clasificado en tercer grado penitenciario hasta que cumpla al menos la mitad de la pena.

Para la vista oral, que está fechada para el próximo miércoles en la sala de la Sección Primera de la Audiencia de Huelva, el Ministerio Fiscal ha solicitado la declaración de agentes de la Guardia Civil.