Asociaciones de mujeres que trabajan en el ámbito rural han trasladado hoy al secretario del PSCL, Julio Villarrubia, su preocupación por el fenómeno de la despoblación y el recorte no sólo de servicios públicos esenciales sino también de derechos y libertades, tal y como ha subrayado este último al término del encuentro mantenido en Valladolid con representantes de siete de estos colectivos.

Villarrubia, que, en la medida de lo posible, confía en poder incorporar a sus 'Doscientas Propuestas' algunas reivindicaciones de estas asociaciones, ha coincidido con sus interlocutoras en la "constatación" del temor por el futuro de los municipios en el mundo rural y especialmente de la mujer, con 2.800.000 desempleadas en el conjunto de España, 580.600 que perciben prestación, otras 539.000 con pensiones de nivel asistencial y 1.680.000 carentes de cualquier ayuda.

La situación actual es tal que el secretario del PSCL, en declaraciones recogidas por Europa Press, no ha dudado al afirmar que "por primera vez tras treinta años se ha reducido la tasa de actividad de la mujer en España", a lo que ha añadido el hecho de que hoy la mujer trabajadora, para un mismo puesto, cobra un 23 por ciento menos de sueldo que el hombre.

Villarrubia, quien ha recordado que el próximo sábado se celebra el Día Internacional de la Mujer, coincide con las asociaciones rurales de mujeres en su inquietud por el fenómeno de la despoblación al que, en su opinión, conduce inexorablemente la "pérdida de prestaciones de servicios esenciales", particularmente en Atención Primaria, especialidades y urgencias.

A lo largo del encuentro se ha planteado también la necesidad de desarrollar la Ley de Igualdad, "que con sus recortes hace peligrar incluso el funcionamiento de estas asociaciones"; potenciar la Ley de Violencia de Género, "aprobada por el gobierno socialista y tomada como ejemplo en numerosos países de la Unión Europea", y retirar el Anteproyecto de la Ley del Aborto, "que atenta contra la libertad y dignidad de la mujer y que no cuenta con el visto bueno de casi nadie en España y Europa, salvo de algún sector minoritario que no respeta los principios y valores constitucionales".