Expresidente del PP de Ceuta se enfrenta a una petición de 5 años de cárcel por solicitud y abuso sexual

Pedro Gordillo, que fue presidente del PP de Ceuta y vicepresidente del Gobierno local hasta el 31 de octubre de 2009, cuando presentó repentinamente su dimisión alegando "motivos personales", se enfrentará este martes en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en la ciudad autónoma a una petición de cinco años de cárcel por los presuntos delitos de solicitud y abusos sexuales que le imputa la acusación particular, ejercida por Sineb Ahmed, la mujer que un mes antes de su renuncia le grabó con su móvil mientras le practicaba una felación en su despacho institucional como supuesta contrapartida necesaria para conseguir empleo.

Pedro Gordillo, que fue presidente del PP de Ceuta y vicepresidente del Gobierno local hasta el 31 de octubre de 2009, cuando presentó repentinamente su dimisión alegando "motivos personales", se enfrentará este martes en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en la ciudad autónoma a una petición de cinco años de cárcel por los presuntos delitos de solicitud y abusos sexuales que le imputa la acusación particular, ejercida por Sineb Ahmed, la mujer que un mes antes de su renuncia le grabó con su móvil mientras le practicaba una felación en su despacho institucional como supuesta contrapartida necesaria para conseguir empleo.

Alternativamente, según la calificación provisional que hace la acusación de los hechos, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, se pide para el que fuera sacerdote, primero, y senador, después, sea condenado al menos por un delito continuado de solicitud sexual a siete meses de prisión y la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de Ahmed, su domicilio o su lugar de trabajo, así como de ponerse en contacto con ella, durante un lustro.

Tanto la Fiscalía como la defensa del expolítico, que en 2012 aún intentó volver a hacerse con las riendas del PP de Ceuta, proponen su absolución al entender que con la fémina no mantuvo más que una relación libre entre adultos.

Según el relato de los hechos de Sineb Ahmed, dos antiguos asesores del Ejecutivo que preside Juan Vivas, Mohamed Chaib y Mohamed Hamadi, la pusieron en contacto con Gordillo en 2009, cuando tras ser víctima de malos tratos de su marido se encontraba "en paro y con dos hijos menores a su cargo".

La acusación particular asegura que Gordillo la citó en varias ocasiones, primero en su despacho y luego en su casa, para informar a Ahmed de los distintos trabajos que le había "encontrado". En una ocasión, en el domicilio del político, este la conminó a "ser buena" con él. "Si quieres que te ayude, chúpamela, si quieres que sea bueno contigo tú has de ser buena conmigo", refiere la mujer que le dijo el político, con quien niega haber mantenido una relación sentimental libre.

Cuando Ahmed terminó su vínculo laboral con una naviera en la que supuestamente también le había ayudado a entrar Gordillo, ésta volvió al despacho del exvicepresidente del Gobierno autonómico para recibir "las preguntas de unas oposiciones que estaban próximas" en una empresa municipal.

Esa cita, que terminó con una felación en el Palacio autonómico, fue la que la mujer grabó con su celular. Ahmed, siempre de acuerdo con su reconstrucción de lo sucedido, entregó el archivo a un primo guardia civil que, a su vez, la hizo llegar a un miembro del "círculo íntimo" del presidente de la Ciudad, Juan Vivas, porque le iba a "interesar" para "quitarse de en medio a Gordillo".

La acusación particular considera que los sucesos "de corte político" que siguieron al conocimiento público de los hechos "no son motivo de reproche penal alguno y no influyen o alteran las conductas que han de ser objeto del enjuiciamiento".

"actos consentidos entre personas adultas"

Para la Fiscalía y la defensa de Gordillo "no existió solicitud sexual alguna por parte del imputado hacia la denunciante" y sus relaciones se circunscribieron a "actos consentidos entre personas adultas". La representación legal de la mujer considera, sin embargo, que "nuestro sistema no impone a la persona que sufre un abuso sexual un formato específico para atribuir a su negativa el significado que sería propio de cualquier acto de afirmación de libertad sexual".

Esto es, para la acusación "el rechazo de la víctima no puede sujetarse anticipadamente a reglas estereotipadas que sirvan de arriesgado criterio a la hora de decidir si un determinado episodio sexual ha sido o no efectivamente consentido".

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