El Defensor del Pueblo recomienda adoptar medidas para reducir la demora en el servicio de traumatología de Son Espases

El Defensor del Pueblo recomienda a la Dirección General del Servicio de Salud de Baleares adoptar "las medidas necesarias" para reducir la demora en el servicio de traumatología del Hospital Son Espases de Palma de Mallorca.

El Defensor del Pueblo recomienda a la Dirección General del Servicio de Salud de Baleares adoptar "las medidas necesarias" para reducir la demora en el servicio de traumatología del Hospital Son Espases de Palma de Mallorca.

Así lo recomienda el informe anual de 2013 de la institución que dirige Soledad Becerril, que, en concreto, establece su recomendación para que se adopten las medidas oportunas para reducir la demora existente, al menos en algunos supuestos, en el servicio de Traumatología del Hospital de Son Espases.

El documento, que se ha presentado esta semana en el Congreso de los Diputados, apunta también que la Oficina del Defensor del Pueblo tramitó un total de 1.854 quejas sobre Sanidad en 2013, un 80 por ciento de ellas hacen referencia a ámbitos de la atención sanitaria, especialmente en Primaria por la disminución del horario en los puntos de atención continuada (PAC) y en la Especializada por las listas de espera; y sobre la prestación farmacéutica el copago que es el motivo de queja más frecuente.

El informe de la Institución en 2013 muestra un leve incremento, con 180 quejas más que el año anterior (1.674 en 2012); este pequeño aumento se puede ver también tanto en las quejas individuales (785 frente a 779 en 2012) como, sobre todo, de las presentadas por colectivos (1.053 frente a las 893 del pasado año).

De la atención sanitaria un lugar destacado dentro del Informe tiene la no asistencia sanitaria gratuita a inmigrantes en situación no regular, con excepción de menores, mujeres embarazadas y enfermedades graves, que destaca "ha preocupado" a esta Institución, que ha formulado recomendaciones que "no han sido aceptadas", pero por el contrario destaca de que comunidades autónomas y organizaciones no gubernamentales hayan habilitado sus propios procedimientos para alcanzar la atención necesaria.

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