La reforma energética del Gobierno puede poner en riesgo las plantas de cogeneración en León, según los empresarios

Un grupo de empresarios leoneses del sector de la cogeneración se ha reunido con el delegado territorial de la Junta, Guillermo García, para mostrarle su preocupación ante la reforma energética que pretende aplicar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo porque, en su opinión, puede poner en riesgo muchos puestos de trabajo y la propia continuidad de las empresas del sector.
García (centro) con un grupo de empresarios leoneses de la cogerenración
García (centro) con un grupo de empresarios leoneses de la cogerenración
JCYL
García (centro) con un grupo de empresarios leoneses de la cogerenración

Un grupo de empresarios leoneses del sector de la cogeneración se ha reunido con el delegado territorial de la Junta, Guillermo García, para mostrarle su preocupación ante la reforma energética que pretende aplicar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo porque, en su opinión, puede poner en riesgo muchos puestos de trabajo y la propia continuidad de las empresas del sector.

La provincia de León cuenta, según datos de la Sociedad Española de la Cogeneración, con 16 plantas de cogeneración, la mayor parte de ellas vinculadas a industrias de distintos sectores productivos, que suponen una potencia instalada de 72 MW, que es el diez por ciento de la potencia instalada en Castilla y León, han informado fuentes de la Delegación Territorial.

El grupo de empresarios ha insistido durante el encuentro en la necesidad de que se tomen medidas que "garanticen una rentabilidad razonable para hacer viables las instalaciones de cogeneración y la propia continuidad de las industrias a ellas asociadas".

Por su parte, el delegado territorial se ha comprometido a trasladar estas inquietudes de los empresarios al presidente de la Junta y a los consejeros de Economía y Agricultura, que son los más relacionados con las cuestiones planteadas, aunque ha considerado que las medidas demandadas entran dentro del ámbito competencial del Gobierno central.

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